La Corte Suprema de Justicia acordó eliminar 132 nuevas plazas para el 2015.
Se trata principalmente de personal administrativo que se asignaría para atender a la población indígena y a la unidad de pensiones alimentarias. Ese fue uno de los recortes al presupuesto que aprobaron ayer los magistrados en sesión extraordinaria.
No obstante, aún no se cuantifica cuánto significará ese ajuste en el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año, el cual supera los ¢400.000 millones.
Los magistrados sí calcularon que otras siete modificaciones generarán un ajuste de aproximadamente ¢3.900 millones.
Esto proviene de la rebaja del 75% en viajes al exterior y viáticos en el extranjero, con la salvedad de que en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial será del 50%.
Además, se hará un recorte de 75% en actividades sociales y de entre un 20% y un 50% en el monto que se designa para contratar personal que sustituya a los funcionarios que se incapacitan, toman vacaciones o se ausentan para asistir a cursos.
En capacitaciones también se hizo una reducción pero del 25%. En ese rubro, se acordó no pagar las sustituciones a quienes asistan a la maestría que imparte la Universidad Nacional (UNA) en horas de la tarde, pues hacerlo cuesta ¢675 millones.
Empero, ese último punto generó discordia entre los magistrados, al punto de que ninguno de los acuerdos quedó en firme, sino hasta la sesión del próximo lunes.
Con tales decisiones le responderán al diputado del PAC, Ottón Solís, quien les solicitó una rebaja de ¢20.000 millones. Esto lo hizo en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se analiza el Presupuesto Nacional para el próximo año.