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Contraloría evalúa denuncia contra viceministra de la Presidencia por pago de incentivo

Actualizado el 21 de febrero de 2017 a las 11:51 am

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Contraloría evalúa denuncia contra viceministra de la Presidencia por pago de incentivo

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Ana Gabriel Zúñiga es la tercera viceministra del gobierno de Luis Guillermo Solís que cobra el incentivo por prohibición, aunque no tendría derecho a ello.

La Contraloría General de la República (CGR) evalúa una denuncia contra la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, por cobrar un 65% de más en su salario mensual por un incentivo al que no tendría derecho.

Durante los 33 meses que lleva en el cargo, Zúñiga ha cobrado el plus salarial por prohibición, a pesar de que no es abogada e incumple el requisito de estar inscrita en el colegio profesional correspondiente. En total, por ese rubro ha devengado ¢30,1 millones.

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"El día de ayer ingresó una denuncia sobre el pago de prohibición de una funcionaria pública de un viceministerio. La denuncia se encuentra en etapa de valoración por parte del área de Denuncias e Investigaciones de la CGR. Por tanto, no es posible adelantar criterio al respecto. En atención al debido proceso y a la normativa vigente, no es posible ofrecer el detalle sobre denunciantes, denunciados o hechos puntuales", informó la Contraloría a través de la oficina de Prensa, ante una consulta de La Nación.

Ayer se presentaron ante la contralora general, Marta Acosta, dos denuncias contra Zúñiga.

Una fue interpuesta por la diputada de Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, y la otra por su compañera de bancada, Karla Prendas y el legislador del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.

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"Este reiterado asunto no tiene justificación alguna aunque se les exija devolver los dineros, porque de por medio existe falta ética y una violación al deber de probidad de acuerdo a los establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Y menos aún, que alegen no tener responsabilidad o aduzcan desconocimiento cuando son conscientes de no contar con atestados académicos", señaló Piszk.

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La liberacionista usa el término "reiterado" porque esta es la tercera viceministra que cobrar la prohibición, a pesar de no contar con los requisitos legales. Por los tres casos, el gobierno actual ha pagado unos ¢50 millones.

El primer caso se presentó a mediados del 2015 con la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz. Ella cobró de más ¢11 millones y llegó a un acuerdo para devolver esa suma en tractos, antes de que se venza su nombramiento en mayo del próximo año.

El segundo caso ocurrió a finales del año anterior. En esa oportunidad, fue la Contraloría General la que señaló que no procedía el pago del incentivo para la viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, a raíz de una denuncia. Al igual que Muñoz, Trejos acordó devolver ¢8 millones en desembolsos mensuales.

EL CASO EN GOBERNACIÓN: Carmen Muñoz devolverá a pagos giro erróneo de ¢11 millones

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Argumentos. Zúñiga alega que el pago de los ¢30,1 millones es legal porque a ella, en su condición de viceministra, se le deben aplicar los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

En esa ley se establece la prohibición para ejercer profesiones liberales a los altos jerarcas de los tres poderes de la República y la compensanción de un 65% del sueldo base. Ella llegó a esa conclusión, tras interpretar varios criterios de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, alega que esa normativa no se le puede aplicar a los viceministros que sean egresados de la carrera de licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, porque carecen del requisito indispensable de estar agremiados al colegio profesional respectivo.

Rojas aclaró que sí podrían cobrar una compensación distinta, pero de un 45%.

El artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los alcances de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, ley 5867 y sus reformas, sí permite el pago por prohibición a los abogados del Poder Ejecutivo "egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho".

"Si una viceministra tiene sus estudios en el ámbito jurídico y no está incorporada al colegio no le cabría la compensación del artículo 14 (de la Ley contra la Corrupción), pero sí podría tener una compensación distinta si ocurren las condiciones que establece la Ley de Compensación de la Prohibición", explicó Rojas a La Nación, la tarde del lunes.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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