Los cuatro diputados constituyentes de Venezuela que visitan Costa Rica, auspiciados por dos diputados del Frente Amplio, tienen previsto participar en un encuentro en defensa del gobierno de Nicolás Maduro el viernes, durante cinco horas, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
Lo harán justo en el corazón del sistema democrático costarricense, cuyo Gobierno se pronunció en contra del proceso mediante el cual se instauró la Asamblea Constituyente de Maduro y cuyo Congreso ha sido muy crítico con las acciones del mandatario venezolano.
Una de las primeras acciones de los constituyentes fue suplantar las funciones del poder legislativo de Venezuela, el cual estaba integrado en su mayoría por una oposición que denuncia la instauración de una dictadura.
La visita a Cuesta de Moras consta en una boleta que la legisladora frenteamplista Ligia Fallas tramitó ante el departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo del Congreso.
Según el formulario, el salón de Expresidentes está reservado de 1 p. m. a 6 p. m., para 100 personas, para el Encuentro Mesoamericano y Caribeño por la Paz y Dignidad de Venezuela Bolivariana.
Fallas incluso envió un correo electrónico a la administración de la Asamblea en el que informó de que, en vista de que la institución no puede pagar horas extra al personal después de cierta hora, la organización del evento estaba dispuesta a asumir el costo.
De hecho, el Congreso comunicó al personal del salón que, si alguno deseaba prestar el servicio, debía coordinar su remuneración con el despacho de Ligia Fallas.
La visita de los constituyentes fue gestionada por Ligia Fallas y por su compañero José Ramírez, así como por el partido Vanguardia Popular y otras organizaciones.
'Nunca se ha prohibido a algún diputado organizar una actividad'
Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó esta mañana: "Nunca se ha prohibido a algún diputado organizar alguna actividad en los salones del Congreso y, esta vez, tampoco se limitará, pero eso no da carácter oficial al acto, ni a los documentos que de ahí surjan".
"La Asamblea Legislativa tiene, y lo hemos expresado, una posición de repudio al irrespeto de la voluntad popular en Venezuela, y consideramos nulo y viciado el proceso que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. La actividad que organizaron dos diputados del FA no tiene carácter oficial, responde más bien a un encuentro de carácter privado", sostuvo el jerarca legislativo.
"Aquí hay dos cosas que es importante que tengamos claras: que el Poder Ejecutivo ha desconocido completamente a la Asamblea Constituyente de Venezuela y nosotros, en el plenario, hemos votado ya varias mociones donde apoyamos al pueblo venezolano y apoyamos a los diputados de ese país electos democráticamente", dijo.
El gobierno de Luis Guillermo Solís desconoció y calificó el proceso electoral que deparó en la conformación de una Asamblea Constituyente, en Venezuela, como "nulo, viciado, ilegítimo, inconstitucional y contrario a la voluntad popular".
El 30 de julio, el mismo día en que se celebraron los comicios para elegir diputados constituyentes, la Cancillería costarricense emitió el pronunciamiento en el que dijo: "Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional".
Y agregó: "Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses".
Posteriormente, el 8 de agosto, junto a representantes de otros 12 países de América, el canciller Manuel González firmó una declaratoría regional en la que se critica la situación de Venezuela y también se desconoce la potestad y quehacer de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, así como "los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo".
En ese documento, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú reafirmar la necesidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La aplicación de ese instrumento implica que el secretario de la OEA, Luis Almagro, realice una serie de gestiones diplomáticas para tratar de limar las asperezas y resolver la crisis a través del diálogo y la mediación. No obstante, para que ello ocurra, se requiere del apoyo de la mayoría de los 34 estados miembros de la Organización.
Si el diálogo no fructifica, el Consejo Permanente de la OEA convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros (23 sufragios), a una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas como la suspensión de la participación en la OEA.
Por su parte, el lunes pasado, la Asamblea Legislativa costarricense aprobó una moción en la que, además de condenar la mención de Donald Trump a una intervención militar en Venezuela, se hace un recordatorio de que la mayoría de los diputados ha votado positivamente mociones para manifestar "nuestro rechazo a varias acciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra la democracia para censurar y condenar el ataque perpetuado contra la Asamblea Nacional (de ese país) y hacer un llamado para que se respete el orden constitucional y democrático".
El presidente del Congreso agregó este jueves: "Hace unos días atrás, yo estuve en Perú y firmé un acuerdo en un foro de presidentes de parlamento latinoamericanos para desconocer la Asamblea Constituyente y seguir reconociendo a los diputados que fueron electos de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esa es mi posición como presidente legislativo, la del Poder Ejecutivo y la de la mayoría de los diputados en el plenario".
Gonzalo Ramírez insistió en que "la posición de dos diputados (del FA) es personalísima y no significa que sea la del pleno".
El 2 de agosto, solo dos días después de la elección de la Constituyente en Venezuela, la empresa que suministró la tecnología para la votación puso en entre dicho lo acontecido ese día tras denunciar que el resultado fue "manipulado".
El presidente de la compañía SmartMatic, Antonio Múgica, declaró desde Londres, que "sin lugar a dudas" hubo "manipulación" de los resultados.
Según Múgica, la diferencia entre la cantidad anunciada por el gobierno de Maduro de 8 millones de votantes y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores.
SmartMatic también dio soporte tecnológico a otros comicios venezolanos entre el 2004 y el 2015.
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