Sin que mediara una votación, la Asamblea Legislativa aprobó, este domingo, el Presupuesto Nacional del 2017 con un recorte de ¢47.800 millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), suma que se redistribuirá entre los diferentes cuerpos policiales.
Luego de arduas negociaciones y constantes recesos para intentar revertir ese y otros ajustes, al final no hubo acuerdo, se rompió el quórum y, por ende, se suspendió la sesión legislativa de este domingo.
De los 43 diputados que llegaron al inicio de la sesión, seis se salieron, con lo que quedaron 37, uno menos del mínimo requerido para sesionar.
Abandonaron el recinto Maureen Clarke y Aracelly Segura del Liberación Nacional (PLN); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Luis Vásquez y Humberto Vargas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Hoy era el último día que tenía el Congreso para modificar el plan de gastos venidero.
Según el reglamento legislativo, el 27 de noviembre es el último día que tiene el Congreso para aprobar en primer debate el plan de gastos del 2017, pues de lo contrario, queda tal cual salió el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los ¢47.800 millones que se le quitaron al PANI se redistribuirán de la siguiente manera:
-Al Ministerio de Seguridad Pública ¢25.000 millones
-Al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ¢5.000 millones
-Al Ministerio Público ¢5.000 millones
-Al Ministerio de Justicia ¢5.000 millones
Los ¢7.800 millones restantes y un recorte de ¢2.300 millones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se eliminaron del Presupuesto Nacional, que asciende a ¢8,1 billones en total.
El PANI tenía un presupuesto de unos ¢91.000 millones. Se le quitó más de la mitad con el argumento de que no tenía capacidad para ejecutar esa cantidad de dinero. Usualmente, el Patronato manejaba un plan de gastos de unos ¢40.000 millones, pero esta vez iba a crecer debido a una sentencia que obligó al Gobierno a girar el 7% del impuesto de ventas.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, había solicitado más recursos para la Fuerza Pública, con el fin de hacer frente a la ola de asesinatos que vivió el país en la segunda mitad de este año, en especial en San José y en Limón. Él requirió, en específico, la aprobación del impuesto a las personas jurídicas, que generaría ingresos a los cuerpos de seguridad y cárceles.
Sin embargo, diputados opositores consideraron que los recursos del impuesto no llegarían tan rápido como lo pretendía Mata, quien incluso amenazó con renunciar si no recibía los fondos. Los legisladores, entonces, exploraron recursos en el PANI, alegando que esta institución no podría ejecutar rápido un presupuesto más alto de lo usual. El ministro se opuso a recibir fondos que estaban asignados al Patronato.
Negociación. En un principio, ocho de las nueve fracciones —incluido el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC)— acordaron atenuar el recorte al PANI, quitándole ¢32.800 millones; sin embargo, la bancada del Frente Amplio (FA) se opuso y eso motivó el rompimiento del quórum.
Esa idea estaba en un dictamen de minoría presentado por Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, que a su vez proponía dar ¢25.000 millones más a Seguridad Pública.
El jefe de la fracción del FA, Edgardo Araya, negó que su partido fuera el culpable de que no se alcanzara un acuerdo. Adujo que estaban en plenas negociaciones cuando el cuórum se rompió, aunque la sesión se podía extender hasta las 11:59 p. m..
"Cuando el quórum se rompió nosotros estamos negociando. Ahora es muy fácil echarle la culpa al Frente Amplio, cuando los verdaderos culpables fueron los que hicieron el recorte en comisión. Tuvieron tiempo para ver que metieron la pata, ahora se dan cuenta de que la metieron y hoy tratan de revertir las cosas. Nosotros estabamos tabajando sobre la propuesta, para ver si había voluntad de revertir todo el recorte al PANI, esa era nuestra posición", expresó Araya.
El presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, fue enfático en que había voluntad para revertir, en un porcentaje, el recorte al PANI; culpabilizó al FA y negó que en la Comisión de Hacendarios se hubiese cometido un error. En su criterio, el ajuste respondió a una estrategia para darle más recursos a la seguridad ciudadana, debido a que el PANI tiene una baja ejecución presupuestaria.
Agregó que existe un compromiso para aumentar el presupuesto del PANI, el próximo año, mediante un presupuesto extraordinario.
"Al no existir ese acuerdo, no íbamos a poder caminar con una propuesta y pasó lo que era evidente que iba a pasar, que se rompiera el cuórum y quedara aprobado el dictamen que salió de Comisión (...). Este tema se estuvo negociando durante mucho tiempo. Hoy fue el momento final al que llegamos y, en este caso, dada la situación en la que estábamos, era evidente que se iba a romper el cuórum porque no tenía sentido que se siguiera hasta la medianoche teniendo el mismo resultado", declaró Álvarez.
Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, quien estuvo en el Congreso tratando de consensuar un acuerdo, lamentó que el Presupuesto Nacional se aprobara con esos recortes e insistió en que el otro año presentarán un presupuesto extraordinario para siempre acceder a esos recursos.
"Se hizo una negociación de último momento, había ambiente, el Frente Amplio insistía en no hacerle los recortes al PANI, no hubo un acuerdo (...). La posición del Gobierno era favorable al segundo informe (el del FA-PAC), pero con realismo político, es decir, conseguir los acuerdos que nos permitieran el mínimo de recortes, tal vez no lo deseado, pero menos", explicó Mora.
El próximo martes es el último día que tienen los diputados para la votación en segundo debate, pues según la Constitución Política, el Presupuesto Nacional ordinario del año entrante tiene estar aprobado antes del 30 de noviembre.
Los diputados tuvieron que sesionar este domingo porque se suspendió la sesión del jueves, como prevención ante el huracán Otto que golpeó una parte del país el jueves pasado.