La Asamblea Legislativa evade discutir una reforma a la Constitución Política para castigar con la destitución a los diputados que falten al deber de probidad durante su gestión.
Tal modificación no es tema de debate en el seno del Congreso, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó, desde el 2010, establecer un régimen sancionatorio para los legisladores.
El desinterés se refleja en que el proyecto de ley todavía no ha sido admitido para estudio, aunque fue presentado hace 18 meses por 12 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La iniciativa, que consta de una única reforma al artículo 112 de la Constitución, experimentó un leve avance, hace nueve meses, y se debió a que el Poder Ejecutivo lo convocó para sesiones extraordinarias, periodo en el cual define la agenda legislativa.
Según un informe del Departamento de Servicios Técnicos , la no aprobación de ese proyecto impide sancionar a los actuales legisladores Henry Mora, del PAC, y Jorge Rodríguez y Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), señalados por la Procuraduría de la Ética por incumplir el deber de probidad.
A ellos se les cuestionó porque el año pasado, siendo miembros del Directorio legislativo (entre mayo del 2014 y abril del 2015), nombraron a la vicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en una plaza que dejó vacante un chofer, pero como profesional. Con el cambio, el salario mensual pasó de ¢370.000 a ¢1,4 millones.
Sin estudio. Los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Julio Rojas; del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas Varela, y del Movimiento Libertario, Otto Guevara, reconocen que sus bancadas no han analizado el tema y no está entre sus prioridades.
“No es un tema que se haya discutido en la Asamblea, ni en jefes de fracción ni entre diputados; no es un tema del que se esté hablando”, dijo Vargas.
Rojas coincide con Vargas, pero en su caso afirmó que él se opone a la reforma.
“Desde el 2010 se está viendo ese pronunciamiento (de la Sala IV) y, hoy por hoy, todavía se discute que un igual sancione a otro igual (...). Que un diputado sancione a otro diputado es un tema que a mí particularmente todavía me genera alguna duda”, expresó el liberacionista.
Guevara, por su parte, duda de que el proyecto en este momento tenga viabilidad política, pues cree que la prioridad es revertir el déficit fiscal. También mostró su preocupación con la reforma en sí, debido a que teme que se use para represalias políticas. “Hay que tener cuidado con que una mayoría se arrogue el derecho de revocar el mandato a una persona con la que tenga una desavenencia”, declaró Guevara.
A favor. Por el contrario, la bancada del PAC y el presidente de la Asamblea, Rafael Ortiz, del PUSC, promueven la enmienda.
Ortiz aseguró que llevará el tema a la reunión de jefes de fracción, el próximo jueves. Su intención es que el plan sea discutido en el seno del plenario, en el 2016.
Ottón Solís, del PAC, quien redactó el proyecto, agregó: “Espero que el interés mostrado se refleje en los hechos”.
La Sala IV ordenó tal reforma, luego de que no se pudiera castigar, durante el periodo legislativo 2006-2010, a los entonces parlamentarios de PLN, Fernando Sánchez y Maureen Ballestero.
Al primero, por recomendar en un memorando una estrategia “de miedo” para obligar al país a aprobar, en un referendo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el 2007. Mientras que a Ballestero por usar, durante el 2009, en al menos 20 ocasiones, una avioneta de la Fuerza Pública para ir a Guanacaste.