Escuchar
Golfito, Puntarenas. - Cualquier chofer de bus, taxista, vendedor de lotería o cocinero de soda de la zona sur lo dice abiertamente: el caos en la administración de las diferentes cúpulas de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) en los últimos años pone en peligro la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito.
El panorama es tan crítico que la Contraloría General de la República (CGR) archivó la propuesta de presupuesto para el próximo año, pues se presentó con un balance negativo de ¢1.400 millones.
La situación podría afectar el futuro de al menos 41 proyectos sociales en la zona sur del país.
¿Por qué? A pesar de que el nuevo director ejecutivo de la entidad, Roy Alvarado, trata de dejar el pasado atrás, el funcionario no puede negar que las administraciones anteriores dejaron saldos negativos en la institución.
El hoy expresidente de la Junta Interventora de Judesur, Miguel Herrera, nombrado por el Poder Ejecutivo al inicio de la administración Solís Rivera, achaca la crisis actual a la puesta en vigor de una nueva ley para la administración de la entidad.
Paralelo a la gestión de la Junta Interventora, el Congreso retomó la discusión de un plan de ley para reestructurar Judesur.
La iniciativa, impulsada por los diputados de Liberación Nacional (PLN) Olivier Jiménez y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, fue aprobada en abril de este año, y entró en vigencia en junio.
Tanto Vargas como Jiménez cuestionaron el trabajo de los interventores, y señalaron supuestas irregularidades, por ejemplo, en la entregas de becas. Esto fue desmentido por Herrera.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/5UZVLY5IBBCZNAUEJJNZ3BH5JA.jpg)
El Depósito Libre de Golfito subsiste con el impuesto del 14% que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) le cobra a los concesionarios por el alquiler de los locales. (Rafael Pacheco )
La nueva norma entró en vigor en junio pasado y ha supuesto una caída en los ingresos de la entidad de ¢1.100 millones para el segundo semestre de este año.
Así lo aceptó el nuevo director ejecutivo, Roy Alvarado, quien dice que pese a esa situación, tratarán de aumentar los ingresos de Judesur.
El golpe financiero por la nueva ley se reflejó en el plan de gatos que archivó la Contraloría, que presenta un balance negativo por casi ¢1.400 millones.
Herrera se quejó de que el Ejecutivo rompió el proceso de reestructuración iniciado por los interventores, lo cual derivó en que se frenaran los procesos administrativos, y se nombrara una nueva Junta Directiva, que pasó de 9 a 11 miembros, incluidos representantes de los concesionarios.
De hecho, la vocera de la Asociación de Concesionarios del Depósito, Susan Naranjo, indicó que con la nueva legislación se apuesta por una mejora en las condiciones de compra para los visitantes. Citó la rebaja en los precios, gracias a la disminución de un 4% en el impuesto a cada artículo que se expenda.
Otro de los beneficios defendidos por Alvarado y Naranjo, es la posibilidad de que los adolescentes y niños con cédula de menores, también puedan comprar.
El otro gancho es la ruptura del límite de compra, que antes de junio era de casi $2.000, y ahora pasó a cerca de $4.000 anuales.
Con estas disposiciones, y una gestión atropellada para presentar un nuevo presupuesto, Alvarado y la nueva junta tratan de sacar el Depósito adelante.
La exdirectora de la Junta Interventora, Yendry Acevedo, se unión a Herrera en las críticas al Gobierno.
Según dijo, no les permitieron terminar el trabajo por lo que ahora el futuro del Depósito es incierto y se depende de las ventas para sobrevivir.
