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CCSS y José María Villalta demandan al Estado pago de $1.000 millones

Actualizado el 13 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

Alegan que el Ejecutivo debía financiar servicios trasladados a la Caja

Procuraduría niega obligación; dice que solo se tenía que pagar el traspaso

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CCSS y José María Villalta demandan al Estado pago de $1.000 millones

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En la actualidad, la CCSS administra la operación de los 1.039 Ebáis del país. Esa labor estuvo en manos del Ministerio de Salud hasta finales de 1993. | JOSÉ CORDERO

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el exdiputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, demandan al Estado el pago de $1.000 millones (casi ¢550.000 millones) por la operación de los Ebáis del país.

El cobro, que de ser aprobado produciría un enorme hueco en las finanzas del Gobierno, se ventila en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

El proceso obedece a una demanda interpuesta por Villalta en favor de la Caja en 2013.

La CCSS figura en el juicio como tercero interesado, ya que considera que la resolución de los jueces la afectará directamente.

Ese monto reclamado equivale al 7% del Presupuesto Nacional del 2016 (de ¢8 billones) y supera en poco más de ¢200.000 millones lo que se invertiría en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el año entrante.

El debate se encuentra en la fase final de indagatorias y se prevé que hoy las partes emitan sus conclusiones. Posteriormente, los jueces entrarán a deliberar para emitir un fallo.

La cifra exigida, según cálculos de la CCSS, corresponde a los gastos en que incurrió para operar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) desde enero de 1998, cuando se le trasladó por completo la administración del primer nivel de atención en salud que antes estaba a cargo del Ministerio de Salud. También incluye intereses.

Esa labor estuvo en manos de Salud hasta finales de 1993, pues se le trasladó a la Caja en un lapso de cuatro años con la ley 7374, que entró en vigencia en 1994.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República niega que tal deuda exista, pues interpreta que la ley nunca exigió que el Gobierno financiara la operación permanente de los Ebáis.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, no reconoce como válido el monto calculado por la Caja en ¢550.000 millones.

Choque de criterios. José María Villalta y el apoderado judicial de la CCSS, Willy Davis Vega, alegan que el Estado incumple desde hace 17 años su deber de costear la operación de los Ebáis.

Los dos coinciden en que anualmente Hacienda debe girar entre ¢20.000 millones y ¢35.000 millones a la institución para cubrir salarios del personal (1.515 funcionarios), cargas sociales, medicamentos, equipos médicos y demás insumos para el debido funcionamiento del primer nivel de atención en salud.

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“Eso implicó tomar recursos de otros lados y nuestra hipótesis es que muchas de las deficiencias, lógicamente no todas, que ha enfrentado el sistema de salud, sobretodo en la parte de inversiones en infraestructura y de compra de equipo, son consecuencia de que hubo que desviar recursos que estaban previstos para estos fines”, dijo Villalta.

Por ello, el exlegislador no solo pidió al tribunal que le exija al Estado pagar los ¢550.000 millones al Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja, sino que también se le condene al desembolso de ¢400.000 millones por daños y prejuicios.

“De haber recibido ese presupuesto, la CCSS financieramente se hubiese administrado mucho mejor, se hubiese dotado de mucho mejor equipamiento y eso hubiese repercutido positivamente en la atención al paciente”, expresó Vega durante la audiencia del 30 de octubre pasado.

“Demanda temeraria”. La Procuraduría niega la existencia de esa deuda y rechaza que el Estado esté en la obligación de cubrir los gastos de los 1.039 Ebáis del país.

Para el procurador adjunto, Jorge Oviedo, Hacienda solo estaba obligada a cubrir los costos de ese programa de salud durante los cuatro años que tardó el traslado del Ministerio de Salud a la CCSS y, por ende, desde 1998, le tocaba al Seguro Social asumir la carga financiera.

El choque se centra en la interpretación que las dos partes hacen del artículo 9 de la ley 7374, el cual señala: “Hacienda (...) tomará las previsiones presupuestarias para trasladar mensualmente a la CCSS los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas”.

El procurador Oviedo también cuestionó la cifra de ¢550.000 millones. Aduce que a la fecha, la Caja y Villalta no han presentado prueba suficiente para justificar el cobro de ese monto.

“Los gastos se prueban documentalmente, no se prueban a través de testimonios, y al expediente no se ha aportado un solo documento que acredite el gasto. ¿Qué implica esto? Que es una demanda que nosotros llamamos temeraria, una demanda sin fundamento”, afirmó ayer Oviedo.

Trece días antes, en el debate oral y público, aseguró: “En razón de que la Caja está presentada aquí como tercero interesado, el Estado anuncia que en el caso de una victoria va a cobrarle las costas por ¢400.000 millones”.

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Cuestionan al actor. Otro de los aspectos que criticó el abogado del Estado es la participación del exdiputado Villalta como demandante. Para la Procuraduría, la llamada a acusar era la Caja.

“La demanda abre un portillo muy peligroso de que personas particulares sustituyan a la Administración en el ejercicio de sus competencias. Al Estado le llama poderosamente la atención que la CCSS, que sería la que tendría la competencia para iniciar el proceso no lo ha hecho y se ha presentado aquí bajo una figura, que me atrevo a llamar espuria, de tercer interesado porque no es tercero, lo afecta directamente la pretensión principal”, añadió Oviedo.

Conciliación fallida. Hacienda comparte los criterios de la Procuraduría y por ello, fue que rechazó una conciliación contable con la Caja. De hecho, el juicio en el Contencioso se había suspendido, durante dos meses —entre julio y octubre—, a la espera de que esa negociación fructificara.

La tesorera nacional, Martha Cubillo, desconfía de las cifras de la Caja, ya que en las últimos meses, esos cálculos han sufrido constantes modificaciones.

Consideró además, que si acepta la suma como válida, faltaría al principio de legalidad y violaría el deber de probidad.

“Hacienda no puede asumir las deudas de buena fe (…). Se debe determinar la cuantía de la deuda para que sea exigible. Hasta la fecha, las estimaciones de ellos no pueden ser probadas, no compartimos su metodología. No se ha identificado la cantidad de personas que trabajan en el programa (en los Ebáis), algunos de los funcionarios que inicialmente se trasladaron de Salud, ahora ocupan otra plaza en la CCSS”, explicó Cubillo.

El exdiputado Villalta rechazó los alegatos de la Procuraduría y Hacienda. Aseguró que es un “argumento muy arriesgado” y que hay pruebas suficientes para que el Tribunal concluya que el Estado está en mora desde hace 17 años con CCSS.

Según los registros de la Caja, las deudas del Estados, a octubre pasado, ascendían a ¢750.000 millones, incluyendo la operación de los Ebáis.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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