La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aprobó un giro de ¢4.200 millones para financiar un proyecto de vivienda de bien social en Tilarán, Guanacaste, pasándole por encima a las objeciones que plantearon la Asesoría Legal y la Auditoría Interna de la institución.
Principalmente, dichas oficinas cuestionaron el hecho de que la urbanización ahora exceda el número de casas autorizado en el permiso ambiental y que todavía carezca de un tanque de almacenamiento de agua potable.
El 19 de setiembre del 2016, la Directiva del Banhvi hizo caso omiso de las “irregularidades” planteadas por escrito y aprobó, por unanimidad, el financiamiento por medio de Coopenae R. L. a la firma Park Slope Development, desarrolladora del proyecto habitacional.
Se trata de la urbanización Las Brisas de Tilarán, que consta de 180 lotes, entre viviendas y áreas comunes. En teoría, beneficiaría a 168 familias con ingresos hasta de aproximadamente ¢370.000 mensuales; es decir, en extrema pobreza.
En dos informes distintos –uno de julio y otro de agosto del 2016– el asesor legal del Banhvi, Rodolfo Mora Villalobos, recomendó no aprobar el financiamiento para este proyecto porque solo 154 de los 180 lotes cuentan con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
También, advirtió de que el permiso de la Setena no fue otorgado a Park Slope Development, sino a otra sociedad llamada Inversiones Palomino, empresa que tramitó la primera parte del proyecto urbanístico.
Mora agregó que el permiso de construcción de la Municipalidad de Tilarán fue concedido solo para 135 lotes, es decir, el 75% del proyecto.
“Es criterio de esta Asesoría Legal que no es factible el trámite total de esta solicitud de financiamiento, dadas las irregularidades ya señaladas”, reza un informe de agosto (AL-OF-0082-2016).
En ese mismo documento, el asesor Mora acusa a la dirección del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), al departamento Técnico del Banhvi y a Coopenae R. L., de no haber llevado a cabo un análisis detallado, pese a que estas objeciones también habían sido señaladas en otro dictamen externado en julio.
“No es factible, bajo ningún concepto, que una solicitud de financiamiento se tramite bajo estas condiciones. Recomendamos solicitar una investigación a la Auditoría Interna del Banhvi, lo mismo que solicitar el criterio de la Setena, por razones obvias. El Banhvi es un ente público bancario y como tal, las solicitudes de financiamiento que le sean presentadas deben haber respetado el bloque de legalidad, en este caso, el urbanístico, nacional y municipal”, concluyó Mora.
Tres días antes de que la Junta Directiva avalara este financiamiento, el auditor interno del Banco, Gustavo Flores Oviedo, apoyó el criterio del asesor legal en un intercambio de correos electrónicos con Fosuvi y los gerentes del Banhvi, entre otras personas, de los cuales La Nación tiene copia.
“Tal y como lo indica el asesor legal, es importante retomar los dictámenes que anteceden, ya que bajo las circunstancias actuales no es conveniente atender lo propuesto”, manifestó Flores en un mensaje a las altas autoridades del Banco de la Vivienda, el 16 de setiembre.
Ese correo fue es respuesta a otro que ese mismo día envió el asesor legal, en el cual también señala que el proyecto carece de agua potable.
Mora señaló que el suministro del líquido está sujeto a “un hecho futuro e incierto, que es la construcción y recepción de varias obras de parte de varios entes públicos”.
La empresa desarrolladora debe edificar un tanque de almacenamiento de agua potable y entregarlo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Park Slope Development alega que cuenta con una carta del AyA que asegura la disponibilidad de agua para las 168 viviendas, así se consignó en una nota que el gerente de proyecto de la firma, José Acuña Rojas, envió al Banco el 5 de enero del 2017.
“Mi representada remitió, el 8 de diciembre, a la entidad autorizada Coopenae, la carta de disponibilidad de agua entregada por el AyA el 7 de diciembre, misma que fue enviada al Banhvi por Coopenae para continuar con el trámite correspondiente y dejando constancia de esa forma del cumplimiento por parte de mi representada en todos los requisitos establecidos”, aseguró Acuña.
La Nación solicitó una entrevista con el gerente de Proyectos, sin embargo, dijo que solo accedería —por políticas de la empresa— si de antemano se le facilitaba el cuestionario, algo que no es política de este medio.
El Banhvi, al ser un banco de segundo piso, deja en manos de entidades autorizadas (cooperativas, mutuales, entre otros), el contacto directo con los beneficiarios del bono de vivienda y la empresa desarrolladora de la urbanización.
Es la entidad autorizada, en este caso Coopenae, la que se encarga de presentarle los proyectos urbanísticos al Banco de la Vivienda para su aprobación y también debe definir la lista de beneficiarios en conjunto con la municipalidad respectiva.
No obstante, el subgerente financiero del Banhvi, Alexánder Sandoval, no descartó que la firma desarrolladora también tenga injerencia en la distribución del subsidio.
No son vinculantes. En el caso de Las Brisas, Sandoval, alega que los criterios de Legal y de Auditoría Interna no son de acatamiento obligatorio de la Junta Directiva y que, por ende, no se cometió ninguna ilegalidad en la aprobación por parte de los directivos. Asegura que este no es el único proyecto en el que ambas dependencias han emitidos criterios no que son atendidos.
“Es importante tener claro que los informes de la Asesoría Legal son consultivos, no son facultativos, es decir, no son de acatamiento obligatorio. Si bien es cierto se externan los criterios y se le dan todas las aclaraciones, en el tema de urbanismo, en la parte de segregaciones y demás, este no es el único proyecto que ha tenido una consideración con este particular, lo que sí está claro es que el Banco, en su condición de ente financiador de segundo piso, ya recibe cierta documentación que fue aprobada por la instancia correspondiente (la entidad autorizada)”, declaró Sandoval.
Agregó que la Auditoría solo hace recomendaciones y pide valorar ciertos elementos y que esos criterios se incluyeron en el proyecto que se presentó a la Junta Directiva. “Al final, se toma el acuerdo. Dentro de la Directiva también hay técnicos, ingenieros, arquitectos, el mismo ministro (de Vivienda, Rosendo Pujol) que es un profesional en la materia, y con base en esos criterios técnicos, se tomó una decisión”, apuntó el subgerente.
En cuanto a la ausencia del permiso de Setena para 26 lotes, Sandoval aseguró que no era necesario porque, en julio del 2015, el Concejo Municipal de Tilarán estableció que esas propiedades están frente a calle pública y, por consiguiente, no requieren de ese visto bueno de la Setena.
Choque de criterios. A pesar de esa interpretación, el asesor legal la contradice y considera que esa declaratoria no tiene validez debido a que se trata de calles nuevas que están dentro de una urbanización.
“Se supone que estamos en presencia de una ‘urbanización’ o de un fraccionamiento complejo, por lo que el aporte de este documento, que se refiere a lotificaciones (simples) frente a calles previamente existentes, deviene en una contradicción. En todo caso, en este proyecto hablamos de nuevas calles, cuya apertura se realizó en este momento, no de calles previamente existentes”, adujo Mora.
En cuanto a los permisos de construcción, la entonces directora del Fosuvi, Martha Camacho, externó en un informe, también de setiembre del 2016, que todavía no eran necesarios, sino hasta que estén aprobados los bonos de vivienda.
“Respecto al uso de suelo residencial para las 168 soluciones habitacionales y los permisos de construcción de las viviendas, se obtienen toda vez que se aprueben los bonos familiares de vivienda”, expresó Camacho en ese dictamen.
Al 31 de diciembre del 2016, el Banhvi había otorgado 11.823 bonos de vivienda. En total, durante ese año, destinó para ese fin unos ¢94.000 millones.
El 95% de esos subsidios del Estado fue asignado a familias con ingresos menores a los ¢504.990 mensuales.
Subgerente financiero del Banhvi: 'No hay nada ilegal'
El subgerente financiero del Banhvi, Alexánder Sandoval, alega que los criterios de la Asesoría Legal y de la Auditoría Interna del Banhvi no son vinculantes y que la Junta Directiva no incurrió en ninguna ilegalidad con la aprobación del financiamiento de ¢4.200 millones para el proyecto urbanístico Las Brisas de Tilarán.
¿Por qué se aprobó el proyecto, si la Asesoría Legal recomendó no hacerlo?
Es importante tener claro que los informes de la Asesoría Legal son consultivos, no son facultativos, es decir, no son de acatamiento obligatorio. Si bien es cierto se externan los criterios y se le dan todas las aclaraciones, en el tema de urbanismo, en la parte de segregaciones y demás, este no es el único proyecto que ha tenido una consideración con este particular, lo que sí está claro es que el Banco en su condición de ente financiador de segundo piso, ya recibe cierta documentación que fue aprobada por la instancia correspondiente (la entidad autorizada).
La Auditoría Interna también se opuso...
La Auditoría hace una recomendación y dice 'valoren ciertos elementos', igual se le da las mismas explicaciones. Después se presenta a la Junta Directiva el proyecto y se incluyen esos criterios. Al final, se toma el acuerdo. Dentro de la Junta Directiva también hay técnicos, ingenieros, arquitectos, el mismo ministro (de Vivienda, Rosendo Pujol) que es un profesional en la materia, y con base en esos criterios técnicos, se toma una decisión.
¿Para qué tener una Asesoría Legal y una Auditoría Interna si la Junta Directiva va a desatender sus recomendaciones?
No pensaría de ese forma, yo trataría de verlo más bien en que hay elementos en los cuales se puede no tener una congruencia en todo lo que se está aportando. No se están desatendiendo, hay unos puntos en los cuales hay convergencia y se atienden. Consideramos, por lo menos la administración así lo ve, que no hay nada ilegal.
¿Ya está en firme?
La Directiva pidió una aclaración a una cláusula donde Legal tenía duda. Ya fue remitido un documento firmado por Legal del AyA donde se hacen las aclaraciones correspondientes y se va a proceder con la firma de los contratos.