Juan Carlos Corrales, gerente general del Banco Nacional (BN), confirmó ante los diputados la veracidad de una serie de publicaciones de La Nación sobre los riesgos financieros del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y sus efectos en el Nacional, así como sobre polémicas decisiones de la Junta Directiva del BN.
El gerente admitió, además, que ordenó cortarle la publicidad al periódico en represalia por las informaciones publicadas. Así lo dijo este jueves, bajo juramento, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que investiga el caso.
“Son publicaciones ciertas, es totalmente correcto lo publicado por el periódico”, declaró Corrales al tiempo que enumeraba los artículos, algunos de los cuales contenían información bancaria confidencial, en su criterio.
Se refirió, por ejemplo, a la divulgación de un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), según el cual Bicsa tiene una alta vulnerabilidad a ser utilizado para “las elevadas actividades de lavado de dinero”.
El Banco Internacional, que opera en Miami, EE. UU., es propiedad del BN en un 49%. El Banco de Costa Rica (BCR) posee el 51% de las acciones.
También corroboró la veracidad de una publicación del 7 de mayo, en la cual se informó que el Nacional evaluaba vender su participación en Bicsa por el alto riesgo que este representaba para su estabilidad financiera , debido a que detectó una tendencia a la baja en la liquidez de la subsidiaria y una alta concentración de depósitos.
“No es que la información no sea correcta, pero el contenido no es equilibrado y eso nos puso en serios problemas”, alegó el gerente del banco público más grande del país.
Por ello, reconoció que, el 16 de mayo, llamó a Patricia Jara, gerenta de Publicidad del Banco, y le pidió “que hiciera una pausa en la pauta en La Nación ”. Argumentó que una de sus funciones, como gerente, es proteger el riesgo reputacional de la entidad y, en su criterio, este podría verse afectado por las noticias publicadas.
“Incluso inversionistas de bonos (de $1000 millones) que vinieron de Nueva York, vinieron a preguntarnos cuál era el problema financiero del Banco Nacional y cuál era el problema de Bicsa.
“Como parte de esos riesgos reputacionales que se han materializado, en estos dos últimos meses, hemos tenido que fondear a Bicsa por $40 millones. Muchos clientes han retirado sus depósitos. Tuvimos que comprarle la cartera de crédito por $23 millones. El otro socio, el BCR, ha tenido que hacerlo con un monto similar. Son $63 millones que no podríamos colocar en las micro, pequeñas y medianas empresas”, alegó.
No obstante, ante consultas de los diputados, respondió que las divulgación de las noticias no fue la única razón que medió ayudar financieramente a Bicsa.
Ante el relato de Corrales sobre lo sucedido, Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, le dijo: “A confesión de partes, relevo de pruebas”.
El gerente insistió en que la decisión de cortar pauta fue suya, aunque Jara involucró a una agencia que, luego, la contradijo.
Otra de las publicaciones que preocupó al BN revelaba que cuatro miembros de su Directiva intentaron autonombrarse en las juntas de las empresas subsidiarias, con lo que habrían aumentado sus dietas.
Además, se informó de los choques entre las directivas del BCR y el BN porque el Nacional mantenía, en la cúpula de Bicsa, a una directora cuestionada por el Banco de Costa Rica.
Se trata de Jennifer Morsink, representante legal de una empresa (Latco) a la cual el BCR le cerró las cuentas por dudas sobre el origen de sus fondos.
Sanción verbal. Corrales relató que, al tiempo que cortó la pauta en La Nación , trató de conversar con el presidente de la Junta Directiva de este medio, Manuel Francisco Jiménez Echeverría.
Corrales relató que la pauta fue detenida durante seis semanas y que, cuando logró hablar con Jiménez, este le respondió que la Junta Directiva de La Nación no se metía en las decisiones editoriales del diario.
Entonces, continuó el gerente bancario, procedió a buscar al director del periódico, Armando González Rodicio. Dijo que lo hizo para pedirle equilibrio en las informaciones, pero que este le reclamó por las represalias, las cuales luego fueron divulgadas.
De hecho, Corrales informó en la comisión de que la Junta Directiva del Banco Nacional lo sancionó verbalmente una vez que él rechazó la necesidad de someterse a un debido proceso de investigación. Además, la Junta le ordenó investigar a la administración del Banco por la arremetida contra el periódico La Nación por las publicaciones, lo que incluía solicitar a abogados evaluar posibles acciones legales.
Según Corrales, tal vez fue un error haber tomado una represalia como un recorte de publicidad. Ahora, piensa que debió agotar otras vías, como la judicial, pero insistió en que actuó apegado a sus responsabilidades y a la protección de la entidad bancaria, no para amordazar a la prensa.
Diputados como Mario Redondo, Ottón Solís y Epsy Campbell criticaron la decisión de usar recursos públicos para presionar a un medio.