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ICE y Jasec ordenaron dar unidad ejecutora a firma investigada actualmente

Banco de Costa Rica cuestionó contratación a dedo de empresa para Toro III

Actualizado el 31 de agosto de 2016 a las 12:00 am

GIP calculó costo de contratación en el 2007 y, en el 2011, se la adjudicaron

Compañía la fundó la actual jefa legal del ICE, quien expropió terrenos para planta

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Banco de Costa Rica cuestionó contratación a dedo de empresa para Toro III

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Toro III tiene capacidad para abastecer con electricidad a 60.000 viviendas. | ÉDGAR CHINCHILLA

La decisión del ICE y Jasec de contratar una empresa a dedo, para desempeñarse como la unidad ejecutora de la hidroeléctrica Toro III, no pasó inadvertida en el desarrollo de este proyecto de $188 millones (¢105.000 millones).

En octubre del 2010, el Banco de Costa Rica (BCR), en su papel de administrador del fideicomiso que financió la obra, cuestionó la orden de contratar, sin concurso, a la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., la cual hoy está bajo la mira de los diputados y de la Procuraduría de la Ética, por sus adjudicaciones directas en el ICE.

Pocos días después de que los desarrolladores del proyecto ordenaron la contratación de GIP, el entonces gerente general del BCR, Mario Rivera, solicitó al ICE y a Jasec argumentar de forma “más amplia y detallada” los motivos por los cuáles se debía escoger a esa compañía, sin analizar ofertas de otros proveedores. Así consta en el oficio GG 10-648-2010, del cual La Nación tiene copia.

Como administrador de la hidroeléctrica que se levantó en San Carlos, al BCR le correspondía hacer esa contratación.

Ante la petición de Rivera, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) alegaron que los integrantes de GIP ya habían ofrecido sus servicios al ICE y Jasec, que quedaron conformes con su labor.

Además, argumentaron que la firma conocía el proyecto, pues Jasec la contrató en el 2006 para elaborar el diseño y la estructura financiera de la obra.

En efecto, en el 2007, como contratista de Jasec, GIP calculó el monto de los honorarios que cuatro años después cobraría como unidad ejecutora.

En el documento entregado a la empresa Jasec, la firma recomendó pagar honorarios por $57.075 (¢32 millones) al mes en la etapa preoperatoria y $12.500 (¢7 millones) mensuales en la fase operativa.

Al final, los desarrolladores acordaron cancelar a la consultora $60.000 (¢34 millones) mensuales durante la primera etapa y $30.000 (¢16,7 millones) mensuales en la segunda, la cual se extendería hasta junio del 2028.

De larga data. GIP fue fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y otras cuatro personas, luego de dejar la institución para acogerse a una movilidad laboral en el 2004, tras 32 años de labor.

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Ella fue la dueña del 20% de las acciones de la compañía hasta mayo del 2010, una semana antes de ser recontratada por el Instituto para asumir, por segunda vez, el cargo de jefa legal y para ocupar una silla en la Junta de Adquisiciones del ICE.

Incluso, en el tiempo que no estuvo en el Instituto, fue contratada por Jasec para liderar los procesos de expropiación de algunos de los terrenos donde se construyó Toro III, planta de 46 megavatios de potencia.

En la actualidad, Bejarano afronta una investigación en la Procuraduría de la Ética por una presunta violación al deber de probidad. Allí se analiza si tuvo injerencia en los “contratos directos” del ICE por $17,6 millones que recibió GIP, del 2006 al 2012.

Bejarano niega haber tenido participación en la contratación de esa firma en Toro III y hace referencia a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) del 2014.

“Este tema ya fue investigado por la CGR, y el resultado fue expuesto en su oficio 4.694 del 14 de mayo de 2014. Indicó, entre otros puntos, lo siguiente: (…) No se ubicó ningún criterio, estudio técnico, recomendación, ni ningún otro documento suscrito por la licenciada Bejarano Hernández de los cuales se deduzca o refleje la toma de decisiones (de su parte) a favor de la empresa GIP”, respondió en una correo electrónico, ayer en la tarde

La Nación intentó conversar con José Miguel Mena, gerente de GIP; sin embargo, no devolvió las llamadas hechas a su oficina.

Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, dijo hace ocho días a este medio que era “natural” que se pidiera contratar a esa compañía, debido a que es la única que tiene experiencia en el manejo de fideicomisos energéticos.

También, alegó que el ICE tenía buenas referencias del trabajo que los integrantes de esa firma realizaron en proyectos eléctricos como Cariblanco, Garabito y Peñas Blancas.

“Es un grupo de profesionales que no solo son expertos financieros, sino que además tienen conocimientos en plantas hidroeléctricas (...). Entonces, no es más que natural que los socios den la orden al fiduciario para que contrate (a GIP)”, expresó Orozco.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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