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AyA teme perder su rectoría sobre acueductos rurales si las cooperativas entran a administrarlos

Actualizado el 13 de julio de 2017 a las 03:56 pm

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AyA teme perder su rectoría sobre acueductos rurales si las cooperativas entran a administrarlos

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Actualmente, los acueductos rurales, conocidos como asadas, dan servicio al 25% de la población del país. (Cortesía de la CNE)

Acueductos y Alcantarillados (AyA) teme perder su rectoría sobre los servicios de acueductos en zonas rurales, si prospera un proyecto de ley que permitiría a las cooperativas administrar cañerías y alcantarillados comunales.

El texto fue dictaminado por los diputados de la Comisión Especial de Economía Social Solidaria, el jueves anterior.

La propuesta, presentada por la liberacionista Aracelly Segura y respaldada por el diputado Víctor Morales, del PAC, daría a las cooperativas la misma función que ejercen casi 1.500 asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, conocidas como Asadas, que en conjunto abastecen de agua al 25% de la población del país.

Podrían administrar servicios públicos de agua las cooperativas que se creen específicamente para ese próposito o las Asadas que deseen transformarse en una figura cooperativa, la cual se usa en el sector privado para el desarrollo de negocios.

Por tratarse de cooperativas y no de asociaciones comunales, el AyA teme perder la rectoría de los sistemas de acueductos, ya que estas organizaciones están sometidas a la regulación del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Actualmente, la Ley del AyA establece que Acueductos es el ente rector del suministro de agua, y que podrá convenir con organismos locales la administración de los servicios. Hasta ahora, el AyA firma estos convenios con Asadas, municipalidades y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia; todas las anteriores, bajo la fiscalización del Instituto.

El proyecto de las cooperativas, que se encuentra en la corriente legislativa desde 2014, recibió la oposición del AyA desde sus inicios.

Rodolfo Lizano, director de Asuntos Jurídicos del AyA, explicó que si bien la propuesta dictaminada señala que la fiscalización de los acueductos está a cargo del Acueductos y Alcantarillados, también expresa que las cooperativas de tendrán las obligaciones que establece la ley del Infocoop, entre ellas su rectoría.

"Se dice muy fácil en la letra, pero a la hora de ponerlo en práctica se van a evidenciar lagunas o choques de competencia", señaló el director.

Otra inquietud del AyA es que, bajo el esquema actual de convenios con Asadas, el AyA tiene potestades de intervenir cuando exista un mal manejo o por una emergencia; pero el proyecto de las cooperativas propone que esa intervención es temporal y provisional; es decir, que después de salvar el sistema con recursos públicos, el Instituto debe devolver la administración a la cooperativa, lo cual puede ser ruinoso para los clientes del AyA que son los que terminan pagando la institución.

Estas y otras inquietudes fueron señaladas por la presidente del AyA, Yamileth Astorga, a los diputados de la Comisión de Ambiente, donde antes se discutía el proyecto, en marzo de 2015.

Y aunque en el nuevo texto se establece la fiscalización del AyA, Lizano todavía desconfía del proyecto, por la estructura de las cooperativas y obligaciones que tienen estas organizaciones con sus socios, entre ellas el destino de los excendentes.

En este caso, los excedentes se reinvertirían en la misma cooperativa comunal, aunque por la ley de cooperativas se mantiene la posibilidad de que se repartan entre los socios.

Lizano señaló que, en el caso del recurso hídrico, el tema de la administración es más sensible que otros servicios como la electricidad y las telecomunicaciones, los cuales sí son administrados por cooperativas como el caso de Coopelesca (San Carlos) y Coopeguanacaste.

La reiteración en esta observación no ha sido dada a conocer al Congreso, pues después de las consulta en marzo de 2015, los diputados de la Comisión de Economía Social no enviaron el texto al AyA para que se pronunciara nuevamente. Lizano aseguró que insistirán ante los diputados en la inconveniencia del proyecto, tal cual está escrito.

La diputada Aracelly Segura reconoció que la propuesta fue presentada para defender unas 25 cooperativas que ya administran acueductos de forma ilegal en San Carlos.

Segura alegó que es más fácil gestionar acueductos bajo el cooperativismo y que las Asadas que quieran mantenerse como asociaciones, podrán quedarse igual.

Por su parte, Víctor Morales, diputado relacionado con el movimiento cooperativo por haber sido dirigente del sector, confía que las cooperativas se ajusten a las obligaciones de la nueva ley, así como lo han logrado con otros servicios como electricidad y transporte público.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) descartó que los beneficios fiscales que tienen las cooperativas sean tan atractivos como para que todas las Asadas se crucen hacia esa figura. 

Denuncian intenciones políticas e intereses de cooperativas

Esa visión no la comparte la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), que asegura que el proyecto tiene intenciones políticas.

En su criterio, la aprobación del plan sería un "botín político" de 1.500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, "que se sumarían a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo (PAC) que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos", señaló en un comunicado la organización ambientalista.

Mauricio Álvarez, presidente de Fecon, agregó que el control del agua es de especial interés para ciertas empresas del sector cooperativo, en los sectores agrícola y eléctrico, por lo que teme que la potestad de gestionar el recurso se haga en función de esos propósitos y no del abastecimiento de la población.

Exoneraciones y recargo en tarifas

Además de la rectoría, el AyA tiene otras inquietudes que igual darán a conocer a los diputados durante la discusión de la propuesta en Plenario.

Una de estas es que, con esta propuesta, los usuarios de los acueductos vayan a financiar, en parte, el movimiento cooperativo. Por ley, las cooperativas tienen obligaciones parafiscales con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

Por otro lado, están las diferencias en los beneficios fiscales que tiene cada figura por naturaleza. El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió, en 2015, de que las cooperativas operarían con mayor ventaja fiscales, pues asumirían las exoneraciones que tienen las Asadas, más las propias, como la exoneración del impuesto de renta.

Lo anterior también es preocupación del AyA, según Lizano.

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Rebeca Madrigal Q.

rebeca.madrigal@nacion.com

Periodista

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