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La exdiputada Xinia Espinoza fue suspendida por tres meses de la militancia del PLN. (Jorge Castillo)
El Congreso está a un paso de prohibir que los jerarcas del IMAS puedan participar en campañas políticas, luego de que el plenario aprobara en primer debate, este miércoles, un proyecto de la diputada del PUSC, Rosibel Ramos.
Según el plan 19.187, si un alto funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) quiere postularse a un cargo de elección popular, como diputado o alcalde, debe retirarse del cargo seis meses antes de las elecciones.
El proyecto recae sobre las personas que ocupen la gerencia general, las subgerencias, las jefaturas de áreas y las gerencias regionales.
Actualmente, el gerente y el subgerente tienen prohibición para participar en política, no así el resto de funcionarios, quienes pueden participar en actividades partidarias fuera del horario laboral.
Si el texto se aprueba, ninguno podrá "participar en las actividades de los partidos políticos; asistir a los clubes ni reuniones de carácter político; utilizar la autoridad o la influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos; colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier género".
En caso de aprobarse, la violación a la norma implicaría la destitución de los funcionarios que incumplan con la nueva norma, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, según lo establece el artículo 102 de la Constitución Política.
La iniciativa afectaría directamente a 26 puestos entre gerencias y jefaturas de áera del IMAS, de acuerdo con datos suministrados por la institución.
La propuesta contó con el voto afirmativo de 41 de los 57 diputados, y podría ser aprobado en segundo debate la semana siguiente al receso legislativo que empieza el lunes.
La diputada Ramos defendió la reforma al señalar que se trata de una propuesta para eliminar el clientelismo político, a fin de evitar que los funcionarios de alto rango del IMAS utilicen los recursos, que se supone son para atacar la pobreza, para campañas partidarias.
De acuerdo con la legisladora, la prohibición no implica un veto, pues "cualquier funcionario podría participar (como candidato) solo que tiene que retirarse con un permiso seis meses antes".
"Más bien, la prohibición para otros funcionarios se activa desde un año antes", dijo en referencia al caso de los ministros.
El proyecto fue consultado a una docena de partidos políticos, al propio Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Servicio Civil y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Justificación política
El tema fue discutido por una comisión especial dedicada a revisar temas de interés de la Región Brunca (Zona Sur y Pacífico Central), a la cual pertenencen Ramos y los demás diputados firmantes: Olivier Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN), Gerardo Vargas también del PUSC, y el exfrenteamplista Carlos Hernández, además de Mario Redondo, diputado por Cartago de Alianza Demócrata Cristiana.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los legisladores indicaron que es una obligación del gobierno evitar "que un funcionario, con poder de decisión, pueda actuar según sus intereses o de particulares, ya que su objetividad o independencia de juicio podrían verse afectadas. Es indispensable entender que el manejo de los recursos públicos es un tema de extrema responsabilidad y que nadie está exento de ser víctima de un posible conflicto de intereses en la administración de esos recursos".
La participación política de funcionarios del IMAS en la Región Brunca y en otras zonas del país no es un tema nuevo.
En noviembre del 2013, Wílbert Hernández Vílchez, el gerente en la Región Brunca del IMAS; con sede en Pérez Zeledón, aprovechaba las tardes y el tiempo libre para impulsar su candidatura a diputado del entonces oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
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Actualmente, la jefa regional del IMAS; la exdiputada por el PLN, Xinia Esponiza, impulsa su precandidatura a diputada para las próximas elecciones.
A ella le afectaría la nueva prohibición. Ante esto, La Nación le consultó su opinión sobre la reforma aprobada en el primero de dos debates, sin embargo, no ha respondido a las llamadas y mensajes dejados en su celular.
