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Sala IV ordenó introducir violación a deber de probidad como causal de destitución

Ausencia de régimen disciplinario para diputados permite impunidad

Actualizado el 16 de agosto de 2013 a las 12:00 am

Proyectos para evitar impunidad no aparecen en intereses de las fracciones

Ninguna entidad puede sancionar a legisladores por faltas al deber de probidad

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Ausencia de régimen disciplinario para diputados permite impunidad

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Maureen Ballestero, exdiputada del PLN, salió de la Asamblea sin sanción administrativa por usar una avioneta de la Fuerza Pública para ir a una actividad electoral. | ARCHIVO / ANA LAURA ARAYA.
El magistrado Fernando Castillo, de la Sala Constitucional, reconoce que no les pueden ordenar a los diputados fijarse un régimen disciplinario. Si incumplen, solo pueden reiterarles su obligación. Foto: Archivo/Mayela López.
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El magistrado Fernando Castillo, de la Sala Constitucional, reconoce que no les pueden ordenar a los diputados fijarse un régimen disciplinario. Si incumplen, solo pueden reiterarles su obligación. Foto: Archivo/Mayela López.

La ausencia de un régimen disciplinario en la Asamblea Legislativa es la excusa recurrente para que los diputados puedan evadir las sanciones por cometer violaciones al deber de probidad. Este deber se estableció en el artículo 3.° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, pero no ha sido incorporado en la Constitución Política ni en el Reglamento del Congreso como una causal de pérdida de credenciales.

En junio del 2010, la Sala Constitucional resolvió con lugar parcial una acción de inconstitucionalidad presentada por la exdiputada Maureen Ballestero contra el artículo 262.° del Código Electoral.

El argumento de la exlegisladora fue que el Tribunal Supremo de Elecciones no podía sancionarla a ella, como miembro del primer poder de la República.

La Sala IV fijó a la Asamblea Legislativa tres años (36 meses a partir de la publicación del fallo, en noviembre del 2010) para establecer, en la Constitución y el Reglamento legislativo, la violación al deber de probidad como causa para perder la curul.

El plazo para establecer ese marco reglamentario vencerá en noviembre, pero ni el proyecto que reforma la Constitución ni la modificación reglamentaria han avanzado entre los intereses de los diputados.

Además, se siguen sumando casos, como el del legislador José Joaquín Porras, quien empleó vehículos de la Asamblea para realizar giras en los fines de semana y reportó en el papel itinerarios muy diferentes de los que arrojaron los dispositivos de ubicación global (GPS) de los autos del Congreso.

Francisco Antonio Pacheco, expresidente de la Asamblea Legislativa (2006-2010), prefiere que los diputados sean juzgados en la Corte Suprema, pues se fía más de la justicia que del eventual “linchamiento político”. Foto: Archivo/Diana Méndez
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Francisco Antonio Pacheco, expresidente de la Asamblea Legislativa (2006-2010), prefiere que los diputados sean juzgados en la Corte Suprema, pues se fía más de la justicia que del eventual “linchamiento político”. Foto: Archivo/Diana Méndez

Se suma ahora el caso del diputado y notario Justo Orozco Álvarez, quien hizo matrimonios, divorcios, compraventas y otros actos notariales en su despacho de diputado, pese a que el Código Notarial prohíbe el uso de oficinas públicas para ese efecto.

También se recuerda el caso de la exlegisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) Maureen Ballestero, quien usó una avioneta de la policía para ir a una actividad electoral en Guanacaste en 2009.

Más sonado aún fue el memorando hecho por el exvicepresidente Kevin Casas y el exdiputado Fernando Sánchez, dirigido al entonces mandatario Óscar Arias y que recomendó una estrategia “de miedo” para obligar al país a aprobar, en un referendo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en setiembre de 2007.

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Ambos casos quedaron archivados y no generaron responsabilidades como miembros de la Asamblea Legislativa para Maureen Ballestero ni para Fernando Sánchez.

Asunto legislativo. Fernando Castillo, magistrado constitucional, enfatizó que la exhortación para que la Asamblea resuelva el asunto no puede pasar a más pues la Sala IV no puede obligar a los diputados a ver asuntos específicos.

“Si no hay causal donde se permita destituir al diputado por violación al deber de probidad, evidentemente se vulneran compromisos internacionales que asumió el Estado. Hay que recordar que estos temas de corrupción, antes que alejarse, son más recurrentes”, afirmó Castillo.

"La Sala IV falló al no dar esa potestad al TSE, pero tampoco le toca a la Sala ordenar a  la Asamblea actos de ese tipo. Hay que hacer la reforma,  un régimen explícito pero que no sirva para atacar otras posiciones." Juan Carlos Mendoza

El expresidente de la Asamblea Luis Gerardo Villanueva, del PLN, afirmó que coincide en la necesidad de un régimen disciplinario, y añadió que él mismo presentó los proyectos para establecerlo. Sin embargo, a tres años, esas iniciativas no avanzan.

Pero Francisco Antonio Pacheco (expresidente del Congreso 2006-2010) cree que poner en práctica un régimen disciplinario para diputados podría traer problemas pues serviría de arma para atacar contrincantes políticos con frecuencia. Según su opinión, es más objetiva la justicia penal para evitar “linchamientos políticos”, dijo.

Max Esquivel fue el magistrado electoral encargado del proceso contra la exlegisladora Ballestero. Él explicó que actualmente no hay un marco jurídico que permita retirar credenciales de los diputados que violen el deber de probidad.

Luis Fernando Mendoza, actual presidente del Congreso, afirmó que sí es necesario un régimen disciplinario para los diputados.

“Los proyectos sobre el tema llevan su trámite normal en la Asamblea”, expresó Mendoza.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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