EscucharUna auditoría independiente advirtió sobre la existencia de anomalías en la liquidación que el Partido Liberación Nacional (PLN) le presentó al TSE para cobrar ¢1.190 millones en contratos de alquiler de vehículos y clubes, dentro de la deuda política del 2010.
Finalmente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le aprobó al partido un monto de ¢639 millones por ese rubro.
El despacho Fernández, Zeledón y Asociados señaló que más de un centenar de alquileres carecía de contratos o que estos últimos no reunían los requisitos necesarios para formalizar el negocio, como la fotocopia de la licencia del conductor o la copia de la tarjeta de circulación del vehículo.
La auditoría contratada por el PLN pidió rechazar esos casos del todo y rebajó la cifra reembolsable de ¢1.190 millones a ¢860 millones.
El TSE acató dicha disposición y, por su cuenta, rechazó otros ¢223 millones en alquileres, sobre todo porque fueron cobrados a destiempo o porque carecían de factura.
Así consta en un informe de control interno entregado al comité ejecutivo del PLN en abril del 2010, el cual fue remitido al TSE.
“Para un adecuado control es conveniente que el cheque lo reciba el propio beneficiario, aunque lo haga a través del dirigente. Asimismo, debe ser cambiado por el beneficiario”, dice el documento.
En el mismo texto, el PLN alegó que los cheques eran cambiados por dirigentes debido a las distancias geográficas entre la sede central del partido y la ubicación de los beneficiarios.
El despacho además señaló que muchos servicios fueron pagados antes de que se formalizaran los contratos o que los pagos excedían los plazos de estos.
También, muchas solicitudes de pago tenían tachaduras.
Dichas observaciones recaen sobre el mecanismo que le permitió al PLN transferir dinero a sus comités cantonales con base en contratos de supuestos alquileres de vehículos, cuyos cheques fueron cambiados por dirigentes del partido en lugar de los contratistas.
Las indagaciones nacieron a raíz de una denuncia del partidario libertario, Douglas Caamaño, quien alegó que las firmas de los proveedores en los endosos podrían ser falsas.
Dentro de los 20 casos que Caamaño denunció originalmente en el Ministerio Público, relacionados con la campaña del cantón central de San José, 15 no fueron pagados por el Tribunal de Elecciones.
Caamaño amplió ayer su denuncia a más de 200 casos. De estos, poco más de 50 no fueron reconocidos dentro de la deuda política.
