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Julieta Bejarano, actual directora legal del ICE

Asesora de proyecto eléctrico del ICE resolvió a favor de sus socios

Actualizado el 08 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Abogada emitió criterio ante Comité de Vigilancia de proyecto Cariblanco

Bejarano sostiene que no incurrió en conflicto de interés al dar su opinión legal

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Asesora de proyecto eléctrico del ICE resolvió a favor de sus socios

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Los contratos de GIP
                         Todos los socios de  Consultores en Infraestructura GIP Ltda. eran contratistas  del proyecto eléctrico  Cariblanco,  distrito de Sarapiquí,    Alajuela . | ARCHIVO
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Todos los socios de Consultores en Infraestructura GIP Ltda. eran contratistas del proyecto eléctrico Cariblanco, distrito de Sarapiquí, Alajuela . | ARCHIVO

En agosto del 2006, mientras era asesora legal del proyecto hidroelétrico Cariblanco, la actual directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, dictaminó a favor de sus socios en la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda.

Luego de esa opinión legal, los socios de GIP lograron superar los cuestionamientos que se les hacían por ser empleados del proyecto Cariblanco y participar, simultáneamente como socios de GIP, en el diseño de la estructura financiera de la planta Toro III .

Cuando emitió ese criterio legal, Julieta Bejarano poseía el 20% del capital social de GIP Ltda, y por ello era socia de los funcionarios sobre los que estaba opinando.

Así lo revela una investigación de La Nación que indagó sobre los contratos que GIP Ltda. y sus socios lograron con cinco fideicomisos bancarios que desarrollan proyectos para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Bejarano había sido directora legal del ICE hasta que, en agosto del 2004, se acogió al régimen de movilidad laboral, después de 32 años de trabajo.

Posteriormente, en diciembre del 2005, fundó GIP Ltda. junto con cuatro ingenieros, todos exfuncionarios del Instituto.

En los siete años que siguieron la empresa GIP Ltda. o sus socios obtuvieron contratos para administrar proyectos de infraestructura eléctrica del ICE valorados en $845 millones.

El 7 de mayo del 2010 Bejarano cedió sus acciones en GIP Ltda y, una semana después, fue recontratada como directora jurídica de la empresa estatal.

Entrevistada el pasado jueves, Bejarano sostuvo que no incurrió en conflicto de interés al exteriorizar su opinión ante el Comité de Vigilancia de Cariblanco

“El hecho de que yo formara parte de la empresa no modifica la posición jurídica de que un privado puede firmar con quien quiera”, arguyó Bejarano.

José Miguel Mena presidente de GIP Ltda. indicó que en ese momento se desempeñaba como gerente de la unidad ejecutora del fideicomiso Cariblanco .

“No tenía en mi contrato ninguna limitación legal para desarrollar una actividad profesional o empresarial paralela”, expresó Mena.

Desde el pasado jueves se solicitó, sin éxito, una entrevista con el gerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga.

Contratos simultáneos. La empresa GIP Ltda. se fundó con domicilio en la casa de habitación de Bejarano, luego de que todos sus socios renunciaron al ICE y fueron contratados, como consultores privados, en la unidad ejecutora del proyecto Cariblanco, que era administrado por un fideicomiso en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

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En junio del 2006, mientras los socios de GIP Ltda. eran contratistas de Cariblanco, la firma ganó una licitación para diseñar, al mismo tiempo, la estructura financiera del proyecto Toro III, que impulsaban en conjunto el ICE y la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec).

El subgerente general de banca de empresa del BNCR, José Vázquez Castro, cuestionó que los socios de GIP tomaran ese contrato con la Jasec. Señaló que así se duplicaban sus funciones y advirtió que la actividad podía generar conflictos de interés.

Para evaluar los cuestionamientos de Vázquez Castro, el Comité de Vigilancia de Cariblanco consultó a su asesora legal, Julieta Bejarano, quien señaló que no veía ningún inconveniente en que los socios de GIP mantuvieran sus contratos con Cariblanco al mismo tiempo en que diseñaban la estructura de Toro III, pues ninguno había sido contratado con exclusividad profesional.

El Comité de Vigilancia aceptó el criterio legal de Bejarano y GIP obtuvo el contrato con la Jasec.

Seis meses después, la abogada obtuvo dos contrataciones directas con la Jasec por más de ¢22,5 millones para dirigir las expropiaciones del PH Toro III, cuya estructuración financiera estaba siendo diseñada por su empresa GIP Ltda.

Principios sí, procedimiento no. El fideicomiso es una figura legal mediante la cual un fideicomitente, en este caso el ICE, transmite a un fiduciario (los bancos) un bien o un derecho para que, utilizando ese bien, se obtenga financiamiento y se construyan los proyectos.

Según Bejarano, el recurso se utiliza para eludir las limitaciones de gasto impuestas a la institución hace años, ya que coloca fuera del balance del ICE las deudas implícitas en la construcción de obras de infraestructura.

La directora jurídica del ICE adujo que el sistema es muy ágil ya que siguen los principios estipulado en la ley de contratación administrativa, pero no están obligados a respetar sus procedimientos.

Sin competencia. Según datos aportados por José Miguel Mena, socio de GIP, desde su creación esta empresa obtuvo contratos para ser unidad ejecutora en los proyectos Garabito, Toro III, rehabilitación de Cariblanco y Range.

Ninguno de los contratos que GIP consiguió para ser unidad ejecutora de proyecto lo ganó por medio de un concurso público; todos los obtuvo por contratación directa por instrucciones giradas desde el ICE a los bancos.

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Los datos aportados por Mena precian que los honorarios totales pactados por GIP Ltda. para administrar esos proyectos ascienden a $17,6 millones,

Este monto de honorarios incluye que GIP sea unidad ejecutora de los proyectos durante las etapas preoperativa (financiamiento y construcción de la obra) y operativa (administración y mantenimiento durante 12 años).

“Aquí no estamos asaltando a nadie, nosotros corremos un riesgo, son contratos a plazos largos. A veces la gente piensa que es mucho, pero de ahí tiene que salir todo: los gastos de alquiler, seguros, el carro, impuestos, todo sale de ahí”, alegó José Miguel Mena.

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