El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, anunció esta tarde que retirará las 300 mociones con las que pretendía frenar el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal del Gobierno.
El legislador aseguró que quitará esta semana sus objeciones como "un gesto de buena voluntad", en vista de que el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta alterna para variar artículos que la oposición exige eliminar o reformar.
"Debo reconocer la actitud y apertura del Ministerio de Hacienda, creo que este es un buen paso y hemos avanzado bastante en aras de alcanzar acuerdos", afirmó Álvarez Desanti.
Hacienda propone modificar la parte que permitiría a la Dirección de Tributación Directa ejecutar los bienes o cuentas bancarias embargadas a los contribuyentes calificados como morosos, sin la orden de un juez.
En la nueva propuesta, si bien Tributación todavía puede declarar embargos sobre propiedades o salarios sin orden judicial, solo podrá ejecutarlos si consigue una sentencia favorable en un juicio.
Además, se crea un equipo denominado fiscales de cobro, integrado por abogados de Hacienda, para encargarse de los cobros a morosos por parte de la administración.
El nuevo texto también varía el artículo que condena a los asesores tributarios si el Estado considera que aconsejaron mal a los contribuyentes. Establece que solo serán sancionados quien hayan asesorado de manera dolosa. Por esa falta, además, Hacienda propone reducir la multa del 20% al 5% de la deuda del contribuyente.
Además, se elimina la norma que establece que, por un asunto de “responsabilidad solidaria”, los cónyuges y parientes de los morosos (hasta el tercer grado de consanguinidad, como primos y hermanos) podrían estar obligados a asumir las deudas tributarias cuando sean socios en una sociedad anónima.
Otro de los puntos donde hay modificación, es al artículo que establece que el Estado debe pagar los abogados de los funcionarios de Tributación que sean demandados por su quehacer diario.
En su lugar, Hacienda propone crear un fideicomiso que sea financiado en un 75% con fondos del Estado y en un 25% por los funcionarios tributarios, quien deberán asumir todas las costas del proceso judicial si son condenados.