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Fondos asignados por Constitución

Órganos municipales chocan por aporte estatal

Actualizado el 30 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Unión Nacional de Gobiernos Locales alega que fue excluida del diálogo

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Asamblea Nacional de Gobiernos Locales.

Las organizaciones municipales más grandes del país, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), tienen opiniones diferentes sobre el traslado del dinero para asumir la prestación de servicios públicos.

Mientras la Unión apoya en su totalidad la transferencia del 10% de los ingresos anuales del Gobierno, la ANAI considera que ese traslado de dinero puede resultar excesivo.

El presidente de la UNGL, Rolando Rodríguez, explicó que la posición del organismo es que el Estado puede soportar el traslado de los fondos (poco más de ¢410.000 millones), empezando por los ¢63.000 millones que les permitirían a los ayuntamientos construir y rehabilitar las vías cantonales.

Así lo establece el plan de Primera Ley Especial de Competencias: Atención Plena de la Red Vial Cantonal, expediente 18.001, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, el vicepresidente de la ANAI, Gilberto Monge, opinó que el traslado del total de los fondos podría ser excesivo, y aseguró, en entrevista con La Nación , que no es viable recibir ese 10%, tal como lo establece la reforma constitucional aprobada en el 2001.

“Estos recursos se les darían a las municipalidades sin que se creen nuevos impuestos, cosa que no sería correcta, porque golpearía el bolsillo de los costarricenses y dirían que es culpa de las municipalidades”, dijo el presidente de la Unión de Nacional de Gobiernos Locales.

Rodríguez adujo que los dineros que se destinarían primero a los municipios solamente serían redirigidos desde sus destinos actuales en el Presupuesto del Gobierno de la República.

Arturo Rodríguez, vicepresidente; Rolando Rodríguez, presidente, y Karen Porras, directora ejecutiva, todos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales apoyan la ley que da más dinero a las alcaldías. | LUIS NAVARRO.
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Arturo Rodríguez, vicepresidente; Rolando Rodríguez, presidente, y Karen Porras, directora ejecutiva, todos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales apoyan la ley que da más dinero a las alcaldías. | LUIS NAVARRO.

Exclusión. Asimismo, Rodríguez levantó el reclamo contra el Ministerio de la Presidencia pues aseguró que la Unión Nacional de Gobiernos Locales fue totalmente excluida de la negociación de la primera ley de transferencias, la que les daría el control del mantenimiento de calles.

“Entendemos que fueron otros compañeros los que fueron en representación del régimen municipal”, dijo el jerarca.

Añadió que apoyan la ley, a pesar de haber sido excluidos, pero enfatizó que, en el futuro, pedirán mayor protagonismo en la discusión de las nuevas transferencias de competencias.

Luis Barrantes, presidente de la Asociación de Alcaldías, rechazó que haya habido una exclusión y dijo que la UNGL tiene mucha relevancia como representante del sector municipal.

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Barrantes, alcalde de Valverde Vega, aseguró que están totalmente a favor de la ley que les da dinero para construir vías cantonales y que, si hay interés en revisar la transferencia del total de los dineros, eso le toca definirlo a la Asamblea Legislativa.

Según Rodríguez, alcalde de Cartago, las municipalidades tienen a cargo un 82% de la red vial cantonal, mientras el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) solo ve el 25% de los caminos.

Sin embargo, a los municipios les toca, por ley, solo el 18% de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos, y el Conavi se deja el 75% de los dineros destinados para ese objetivo.

“Nosotros, las municipalidades, hemos mantenido en mejor condición las vías que nos toca atender que las que le corresponde mantener al Estado”, sostuvo Rolando Rodríguez.

El proyecto 18.001 está próximo a ser tramitado en el plenario del Congreso.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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