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La primera de las siete leyes para trasladar el 10% de los ingresos del Ejecutivo a las municipalidades, supone la transferencia de la responsabilidad total del mantenimiento vías cantonales. | ALONSO TENORIO (Alonso Tenorio)
Un error. Un exceso. Un plan que en la práctica es inviable. Luego de 14 años de aprobada, diputados y alcaldes aceptan que la reforma constitucional que obliga a transferir el 10% de los ingresos del Gobierno a las municipalidades no tiene sostén en la realidad fiscal del país.
Por tanto, dicen estar dispuestos a rebajar el porcentaje, pero no a ceder del todo, así que insisten en que se avale el plan de ley 18.001, que le quita a la Caja Única del Estado el 15% de los ingresos que le entran a Hacienda por concepto del impuesto a los combustibles.
Esta reforma implicaría redireccionar a las municipalidades unos ¢65.000 millones que el Ministerio de Hacienda se reserva para gastos, como parte de los cambios para completar el traslado del 10% establecido en la reforma del artículo 170 de la Constitución Política, vigente desde el 2001.
El 10% implica ceder a los municipios más de ¢400.000 millones del Gobierno Central.
Cambio. Sin embargo, y tras una publicación de La Nación , tanto alcaldes como diputados que apoyan la descentralización del Estado, aceptan que es complicado alcanzar el 10%, incluso si se hace en tractos la entrega de dinero y responsabilidades, mediante la votación de siete leyes.
“Tenemos que buscar una reforma al 170 de la Constitución, porque aplicar el 170 como está establecido es inviable desde el punto de vista fiscal”, dijo Gilberto Monge, alcalde y vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, a una consulta de este diario.
Estos criterios están más a tono con la preocupación del viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, quien recalcó que la reforma podría llevar a la quiebra al Estado.
Avance. Estas posiciones no habían trascendido hasta ayer, cuando el primer proyecto con miras a cumplir el mandato de darles el 10% de los ingresos del Ejecutivo a los municipios avanzó en el Congreso.
La iniciativa se dictaminó en menos de un mes y ahora hace fila para ser votada en el plenario de la Asamblea Legislativa.
El plan cuenta con el visto bueno de Casa Presidencial y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, pese a que la propia ministra Olga Marta Sánchez desconoce cuál será la afectación para la Caja Única del Estado de ser aprobado ese proyecto, que ella misma firmó.
Más allá de la propuesta, que representa el primer paso para la implementación de la reforma constitucional al artículo 170, los diputados y los alcaldes coinciden en que transferir el 10% de los ingresos del Gobierno es algo excesivo e inviable.
“Respecto a la reforma al 170, estoy de acuerdo en que cumplir con eso es difícil. Quizá en un principio se pensó que el traslado del 10% no iba a presentar problemas, porque se trasladaban responsabilidades y recursos. Lo que pasa es que no hay claridad sobre esas siete leyes de transferencia”, dijo el diputado William Alvarado, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.
