Abogados de Micitt redactaron castigos a radios y televisoras sin estar de acuerdo

Así lo afirmó ayer el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, quien reconoció que el grupo de 23 juristas trabajó bajo su dirección.

“Ninguno de los abogados está de acuerdo con el régimen sancionatorio. En lo que estuvimos de acuerdo es en que todos lo discutiéramos... Estuvimos de acuerdo con que esto se discutiera”, expresó Ruiz, quien evitó mencionar los nombres de los profesionales en Derecho.

Tanto él como su jerarca, la ministra Gisela Kooper, aseguraron que la intención fue debatir el tema, sin pretender, necesariamente, que los castigos permanecieran en el texto que se enviaría a la Asamblea Legislativa, en agosto. “Nunca se pensó que este iba a ser el documento final”, dijo Kooper.

Ambos hablaron ayer en la habitual conferencia de prensa posterior a la sesión de Consejo de Gobierno, en la Casa Presidencial, en la que no participó el presidente Luis Guillermo Solís, ni el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Castigos. El borrador impulsado por el Micitt propone que el Gobierno pueda sancionar a radioemisoras y televisoras si considera que incurrieron en la publicación de lenguaje vulgar, contrario a las buenas costumbres o injurioso o, si transmiten noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento.

Las penalidades irían desde multas económicas hasta la cancelación de las concesiones.

Ruiz alegó que, para redactar el régimen sancionatorio, se basaron en la ley de radio vigente desde 1954: “Lo que se quiso hacer es traducir lo que está hoy en la ley para traerlo al presente y definir, bajo este tipo de discusiones, qué es pertinentemente quitar o no. Todo el tema de sanciones que tenga que ver con contenidos, como ya indicó la ministra, no estará en el segundo borrador”.

En medio de esta polémica, el Poder Ejecutivo dio a conocer una carta en la que el presidente Solís invitó al relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, a participar del proceso de elaboración de proyectos de ley sobre libertad de expresión y acceso a información pública, que concluirá en mayo del 2015.