EscucharLimón. Un numeroso grupo de exmuelleros desempleados rechazó ayer hacer obras comunales en jornadas diarias de ocho horas por un salario mensual de ¢35.000 y, por el contrario, exigió el pago de las prestaciones que les adeudan las empresas ESTIBA y CADESA.
El ministro de Trabajo, Farid Ayales Esna, se reunió ayer por separado con usuarios de estibadoras, afiliados a STPFL y la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) -el sindicato más grande de esta provincia-.
El fin del encuentro fue exponerles el plan de empleo temporal para los 250 exestibadores, el cual será financiado con ¢12 millones del Programa Nacional para la Generación de Empleo del Ministerio de Trabajo. Estos realizarían tareas en pro de la comunidad, tales como limpieza de lotes baldíos, construcción del alcantarillado y reparación de aceras, entre otras.
El plan oficial no fue visto con buenos ojos por la mayoría de quienes hasta hace dos semanas se ganaban la vida en la carga y descarga de los muelles de Moín y Limón. Este fue el principal tema ayer en las oficinas de UNITRAP, CADESA, ESTIBA y el propio Sindicato de Trabajadores Portuarios de Limón (STPFL), que lidera Timothy Scott. Incluso fue motivo de debate en las emisoras locales, en las que tampoco fue avalada la propuesta gubernamental.
"El costo de la vida está muy alto. Con esos $35.000 que nos ofrecen no alcanza para vivir. Lo que deben hacer es pagarnos las prestaciones que nos deben", comentó visiblemente molesto Antonio Ardón Hernández, quien trabajó durante siete años para ESTIBA. Este hombre, delgadísmo, de pelo largo y con la cara demacrada, ganababa en su anterior trabajo ¢80.000. Piensa usar el dinero que le adeudan en la instalación un taller mecáncio y "vivir tranquilo". Mientras daba las declaraciones a La Nación en la sede de STPFL una veintena de exempleados de CADESA y ESTIBA jugaba dominó. Otros piropeaban en inglés y español a las transeúntes.
Mientras tanto, en las afueras de CADESA y ESTIBA, frente al parque Vargas de esta ciudad, una docena de exmuelleros y otros aún en planillas plantearon la misma queja. Víctor Araya Díaz, uno de ellos, exhortó a las empresas a cancelar cuanto antes sus compromisos laborales. De no ser así, en el corto plazo podría estallar "la bomba de tiempo", advirtió.
A las 4 15 p.m. de ayer este diario intentó hablar en sus despachos con los gerentes de ambas compañías, pero ninguno se encontraba.
Por su parte, Ayales, reunido en las instalaciones del STPFL ante un centenar de sus afiliados, aseguró que "nadie puede hacerse el gato bravo con la plata de otros". Sin embargo, -dijo- no puede adelantar criterio sobre la investigación que realiza el departemento de Asuntos Laborales de Trabajo.
Dudas
El ministro Ayales comentó el martes a la prensa que las tareas para el desarrollo comunal serían solo para estos dos meses pues en enero los cesados se podrían reubicar en otras empresas.
El empleo temporal para noviembre y diciembre próximos generó dudas a Rándall Ruiz, secretario general de UNITRAP. "Pareciera que a las tres sociedades anónimas laborales se les va a dar la concesión. Con eso está diciendo públicamente -Ayales- que les van a dar la adjudicación".
Los líos empezaron desde el 25 de junio, cuando la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAVDEVA) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciaron la apertura del negocio de las estibadoras. En setiembre los trabajadores decidieron formar sus propias empresas, lo cual produjo choques con ESTIBA y CADESA, que los despideron alegando competencia desleal.
