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Actualizado el 11 de mayo de 1995 a las 12:27 pm

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El fantasma de las represalias comerciales de Estados Unidos merodea sobre el país, al estar en vilo un contrato de arrendamiento entre Millicom y RACSA.

"Nos encontramos revisando la actual situación con las partes interesadas para determinar cuáles deberán ser los próximos pasos". Esa fue la posición de Elizabeth McKey, vocera de la embajada de Estados Unidos en San José, luego de comunicar la "decepción" de esa misión diplomática por la falta de un acuerdo entre las empresas.

Pero, en Washington, desde hace 2 meses la transnacional ya había dado pasos. "Representantes de Millicom ya plantearon al congreso que a la hora de ampliar los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) no se tome en cuenta a Costa Rica", confirmó José Thompsom, Ministro Consejero de la misión nacional en Washington.

En el Congreso de los Estados Unidos se discute en estos momentos la extensión de la ICC, que en su mínima expresión abarcaría a las empresas textiles y en su máximo daría a las naciones centroamericanas y caribeñas beneficios similares a los del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos y el líder republicano del Senado, Jesse Helms, habían hecho explícitas advertencias de aplicar a Costa Rica, entre otras presiones, la enmienda Hickenlooper. La imposición de este mecanismo bloquea el apoyo estadounidense a créditos multilaterales y asistencias bilaterales a países que afecten inversiones norteamericanas.

Fuentes diplomáticas temen la imposición de represalias inmediatas y el incremento del cabildeo para alimentar la animadversión contra el país. La suspensión a Costa Rica de los beneficios de la ICC sería uno de los castigos.

"Eso sería tan catastrófico que ni siquiera quiero pensarlo", expresó el primer vicepresidente Rodrigo Oreamuno. El país exporta a Estados Unidos casi el 50 por ciento del total de sus exportaciones y al participar en la ICC paga menos impuestos de aduanas, lo que hace más competitivos los productos.

De no lograrse un acuerdo, Millicom también podría pedir una indemnización, y Costa Rica solicitaría ir a un arbitraje internacional para establecer el monto.

La embajadora costarricense en Washington, Sonia Picado, lamentó que a raíz de este caso y los conflictos por las expropiaciones, el país ha perdido mucha de la credibilidad que tenía en esa capital. Aunque ella no descarta que Estados Unidos en algún momento promueva imponer sanciones, espera que las negociaciones entre Millicom y RACSA lleguen a resultados satisfactorios para las dos partes.

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