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Gobierno y Millicom

Procuran rescatar contrato

Actualizado el 11 de mayo de 1995 a las 12:05 pm

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Procuran rescatar contrato

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Millicom no pierde las esperanzas de firmar un contrato con RACSA, el Gobierno de los Estados Unidos está "decepcionado" por la ausencia de un acuerdo y el cabildeo para lograr eventuales sanciones comerciales contra Costa Rica ya serpentea en Washington.

La empresa estadounidense de telefonía celular Millicom continuará las negociaciones para rubricar un contrato de arrendamiento con Radiográfica Costarricense (RACSA), pese a que ayer a la medianoche sus equipos fueron desconectados en cumplimiento de una orden de la Sala IV.

El vicepresidente de Millicom International, Sven Schele, y el abogado de Millicom de Costa Rica, Alberto Raven, se reunieron ayer, a partir de las 9:30 a.m., en la Casa Presidencial, con el ministro de Comercio, José Rossi.

"Vamos a negociar el mismo contrato, pero le vamos a hacer los ajustes que sugirió la Contraloría", manifestó Raven al salir del encuentro, al mediodía.

Ante el vencimiento del plazo y la falta de acuerdo, la reacción oficial de la Embajada de los Estados Unidos en San José fue preocupante.

"Nos sentimos decepcionados de que no se hubiera llegado a dicho arreglo antes de la fecha límite impuesta por la Corte Suprema y que, como una consecuencia, las operaciones de Millicom en Costa Rica hayan sido suspendidas", declaró Elizabeth Mckey, agregada de prensa de esa misión diplomática.

Las presiones son reales. La legación de Costa Rica en Washington confirmó que, desde hace dos meses, Millicom pidió al Congreso excluir a Costa Rica de la ampliación de los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

Millicom quedó fuera del aire ayer a la medianoche y sus servicios no pudieron ser asumidos por RACSA, como lo deseaba el Gobierno, a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República que hizo 18 objeciones al contenido del contrato.

En contra de la tesis sostenida por los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Contraloría ratificó que Millicom y RACSA (subsidiaria del ICE) pueden concretar el negocio.

Sin embargo, objetó que el documento, tal como estaba redactado, permitía a Millicom una coadministración de los servicios, o alianza estratégica. Tal resolución es coincidente con una opinión jurídica emitida el viernes anterior por la Procuraduría General de la República.

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Dudas y miedos

Ayer fue un día de intensas reuniones, expectativas y temores.

"Le temo a pagar una imdemnización multimillonaria, le temo a las sanciones comerciales que podría imponer Estados Unidos y le temo a la pérdida de credibilidad que este hecho puede causar al país", declaró, preocupado, anoche el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, en conferencia de prensa.

Oreamuno reconoció que queda en manos de Millicom decidir si continúa negociando o no, pero aclaró que si la compañía decide mantener el diálogo, "las negociaciones se darán estrictamente en el marco de lo indicado por la Contraloría". Millicom ha asumido una posición cautelosa y, según Oreamuno, hoy los ejecutivos de esa empresa seguirán estudiando con detalle el camino por seguir.

"Si se firma el contrato, no pediremos indemnización. Si no se firma, tomaremos las medidas del caso, pero estamos muy seguros de que vamos a firmarlo antes que acabe esta semana", manifestó Raven a La Nación cuando salió de la Casa Presidencial.

Entretanto, los principales sindicatos que agrupan a los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantuvieron ayer la huelga que afecta a la institución desde el martes anterior.

Fabio Chaves, vicepresidente de la Asociación de Empleados del ICE (ASDEICE), anunció ayer que las medidas de presión seguirán hoy, hasta que el Poder Ejecutivo garantice que no firmará otro acuerdo entre RACSA y Millicom.

Mientras tanto, usuarios del servicio Millicom se presentaron a las oficinas centrales de la compañía -en el Centro Colón- para que se les explicara su situación. Coincidieron que si la compañía abandona el país pedirán el dinero pagado por derechos de línea.

El convenio entre ambas empresas era una solución sugerida por el Poder Ejecutivo para que la transnacional no perdiera sus inversiones en el país, que ascienden por lo menos a $1 millón, y evitar exponer al país a sanciones comerciales de los Estados Unidos, tal como amenazó el Gobierno norteamericano.

En octubre de 1993 la Sala Constitucional determinó que la telefonía es un monopolio del Estado, y por esa razón ordenó a Millicom cesar sus operaciones en Costa Rica a partir del 9 de mayo de 1995. Destacadas figuras de la política nacional, entre ellas el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez Desanti, han trabajado como abogados para la empresa de telefonía celular.

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Grandes momentos

17 de febrero de 1987

El ministro de Gobernación, Rolando Ramírez, autoriza frecuencias para explotación privada de telefonía celular.

19 de julio de 1988 La junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad -presidida por Antonio Cañas- adjudica una licitación a la empresa Millicom.

27 de abril de 1989 Millicom inagura oficialmente su sistema de telefonía celular.

8 de junio de 1991 El contralor general de la República, Elías Soley, cuestionó mediante un dictamen la concesión dada a Millicom.

26 de octubre de 1993 La Sala Constitucional declaró inconstitucional el permiso otorgado a Millicom.

9 de mayo de 1995 El ICE desconectó el sistema celular de Millicom, en medio de una fuerte protesta sindical e intensas negociaciones del Gobierno tendientes a hallar una solución al conflicto.

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