Con el voto unánime de 45 diputados se aprobó anoche, en primer debate, el proyecto de ley que establece una condena de hasta 15 años de cárcel para los delitos más graves que sean cometidos por menores de edad.
Dicha iniciativa -conocida como ley de justicia penal juvenil- recibió este primer visto bueno luego de que la comisión especial de reformas penales le hiciera varios cambios de última hora a su texto.
El grupo acordó, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso un presupuesto extraordinario, en los 15 días posteriores a la publicación de esta ley en La Gaceta, para darle contenido económico al plan.
También aprobó una moción para que la nueva norma entre en vigencia de inmediato con excepción de la parte procesal que regirá el 1°ree; de mayo de 1996 con el fin de que el Poder Judicial realice los ajustes internos del caso.
El proyecto de justicia penal juvenil será sometido el próximo lunes a su segundo, y último, debate.
Mientras tanto, ayer se discutió en el plenario legislativo la primera moción relativa al proyecto de garantías económicas. Se trata de una propuesta de texto sustitutivo del diputado independiente Rodrigo Gutiérrez.
El debate se desarrolló en momentos en que los jefes de las bancadas del PLN, Luis Gerardo Villanueva, y del PUSC, Bernal Aragón, sostuvieron una reunión para depurar el documento que negociaron durante las últimas semanas.
Villanueva informó que el escrito estará listo lunes o martes y que una vez que sea acogido como texto base de discusión, se enviará una copia a la Contraloría General de la República para que emita un criterio en ocho días.
Alegría comedida
La aprobación, en primer debate, del proyecto de justicia penal juvenil motivó ayer un festejo comedido en el Congreso pues varios diputados recalcaron que esta ley no es una solución total a la delincuencia.
Carmen María Valverde, diputada liberacionista y presidenta de la comisión de reformas penales, destacó que el plan constituye un gran aporte al combate de la criminalidad juvenil pero que no resuelve el problema.
El diputado Víctor Hugo Núñez, del Partido Agrario Nacional (PAN), destacó la necesidad de darle soporte económico al Ministerio de Justicia para establecer los centros necesarios que permitan la corrección del menor.
Una de las novedades de esta iniciativa es que permitirá que cuando los menores sancionados cumplan los 18 años de edad puedan terminar de cumplir sus condenas en un centro de reclusión para mayores.
Se fijan penas de cárcel de hasta 10 años para adolescentes (de 12 a 15 años) y de hasta 15 años para jóvenes (de 15 a 18 años). También crea sanciones "socieducativas" como el servicio comunal, advertencia e internamiento domiciliario.