El seguimiento y la evaluación del Estado sobre millonarios proyectos de obra pública, como carreteras, puentes o escuelas, se basan en la confianza.
Así lo reconoció Francisco Tula, director del Área de Inversiones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Según el funcionario, el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Mideplán se limita a actualizar sus registros con los reportes que entrega cada una de las instituciones, sin ejercer supervisión de campo o controles cruzados.
“Diay... uno supone que las instituciones públicas son lo suficientemente serias y responsables y que nos suministran información veraz”, comentó Tula.
El BPIP es una plataforma creada desde el 2011 para monitorear la gestión y el avance de los proyectos de inversión pública.
Todos los entes del Gobierno Central están obligados, por ley, a informar de sus avances al BPIP.
Por ejemplo, en esa plataforma están registrados la nueva terminal de contenedores de Moín, por $1.000 millones, y la ampliación a cuatro carriles de los 50 km de la vía Cañas-Liberia, en la cual se invierten $206 millones.
“Yo lo que puedo garantizar es que pedimos la información de acuerdo con parámetros establecidos y que recibimos la información firmada por los jerarcas y firmada por todo su equipo; yo creo que eso da veracidad”, agregó.
Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) señaló, en diciembre anterior, que el banco de proyectos de Mideplán “no se encuentra actualizado ni completo”.
Según el informe de la CGR, de las 149 instituciones públicas obligadas a dar cuentas al BPIP, solo 62 lo hacen; es decir, un 34% del total. La Contraloría también subrayó la ausencia de supervisión y seguimiento.
Desde el 2011, según la auditoría, se inscribieron proyectos en el BPIP por ¢1,4 billones y solo se efectuó vigilancia sobre el 0,087% de la inversión, lo cual quiere decir que se revisó una obra.
El único plan inspeccionado para medir su efectividad, alcance de metas y tiempos de ejecución fue el Programa Distrito de Riego Arenal-Tempisque, un canal de 34 km y $15 millones para riego agrícola en Guanacaste.
Otra deficiencia detectada es que el Mideplán asume que un proyecto logró sus objetivos solo porque se le asigna la condición de “alcanzado”.
Tula dijo que la Unidad de Inversiones del Ministerio dispone de ocho funcionarios, lo cual limita las inspecciones de campo.
Estructural. A las deficiencias denunciadas por la CGR, el Mideplán suma problemas de algunas entidades a cargo de hacer infraestructura.
Estas fallas fueron recalcadas por Marta Acosta, contralora general, el 29 de octubre, ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
“No hay maduración de proyectos, cuando digo ‘maduración de proyectos’ es que se inician procesos de contratación sin tener claro cuál es el objeto contractual, qué se quiere contratar, con cuáles especificaciones, qué estudios tengo y cuánto vamos a durar”, denunció Acosta.
Una de las entidades que registra peores indicadores de rendimiento es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), según el informe semestral de metas del Mideplán. Esto, porque presenta un 60% de obras con atraso crítico y un y 40% de avance promedio. Ante los cuestionamientos, el ministro Carlos Segnini, descalificó la metodología del Mideplán para hacer estas evaluaciones, pues solo se toma en cuenta la fase constructiva.