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Poder ejecutivo celebra fallo de magistrados

Sala IV rechaza gestión contra megapuerto en Moín

Actualizado el 29 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Cinco magistrados rechazaron gestión que presentó el sindicato de Japdeva

APM Terminals iniciaría construcción de megapuerto a comienzos del 2014

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Sala IV rechaza gestión contra megapuerto en Moín

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San José. La Sala IV rechazó, cinco votos a dos, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley general de concesión de obra pública y, por conexión, contra el contrato para la concesión del diseño, construcción y operación de la terminal de contenedores de Moín (TCM).

Los magistrados Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda, José Hernández y Aracelly Pacheco votaron en contra de la acción. Gílbert Armijo y Fernando Cruz salvaron su voto y la declararon con lugar.

La resolución deja en firme el contrato entre el Estado y la empresa APM Terminals, firmado en el 2012, para que esa firma construya y opere el megapuerto.

La gestión ante los magistrados fue presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap).

La organización sindical argumentó que la concesión de la TCM debería ser aprobada por la Asamblea Legislativa.

La Sala IV sustentó su resolución en que el último párrafo del inciso 14, del artículo 121 de la Constitución Política “no prohíbe la concesión especial otorgada por tiempo limitado o mediante otra ley”.

El Tribunal dijo que esa concesión “preserva la titularidad del servicio a favor del Estado”.

Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, afirmó que la organización respetará lo resuelto por los magistrados.

La presidenta de la República, Laura Chinchilla y Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva, celebraron el fallo de la Sala Constitucional.

Plazos. Rogelio Douglas, gerente general de APM Terminals, informó de que la resolución permitirá a la empresa cumplir con su cronograma de trabajo, e iniciar la construcción del megapuerto en el primer trimestre del 2014. Se pretende que en el 2016 arranque la operación de la terminal.

Douglas reconoció que los escollos enfrentados han causado un incremento en el precio de la obra por encima de los $1.000 millones, calculados originalmente.

Por otra parte, el Juzgado de Trabajo de Limón avaló la declaratorio de ilegalidad de la huelga de muelleros, realizada el 11 de noviembre, en apoyo a un paro nacional. La petición fue hecha por las autoridades de Japdeva.

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Diego Bosque G.

diego.bosque@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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