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Normativa para el control DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES

INVU frena reglamento de límites a la propiedad

Actualizado el 23 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Casa Presidencial ordenó el retiro del texto, blanco de fuertes críticas

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INVU frena reglamento de límites a la propiedad

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Vistas del condominio Los Volcanes, localizado en San Pablo de Heredia. Cámaras y diputados han expresado inquietudes ante la propuesta del INVU, que, en el caso de condominios, plantea más visibilidad de estos desde el exterior y acceso público por sus vías internas. | GRACIELA SOLÍS

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) retiró ayer de consulta pública un borrador de reglamento que planteaba límites al uso de propiedades y a la construcción, a raíz de las críticas de varios sectores.

La Nación quiso consultar a la presidenta del INVU, Sonia Montero, por qué el texto planteaba darles potestad a municipalidades y a la institución para impedir que condominios nuevos levanten muros cuando estos limiten con zonas públicas (parques y calles). También por qué la circulación vial y de personas en las áreas comunes de estos asentamientos, debe ser más accesible a cualquiera que desee transitar por ellas.

La entidad buscaba su aprobación a inicios del próximo mes, pero recibió críticas por imponer restricciones al uso de la propiedad privada.

Ericka Calderón, asesora legal de Montero, se limitó a informar del retiro del borrador, justo cuando La Nación llegó a consultar aspectos de la propuesta para un nuevo Reglamento del Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

A media tarde de ayer, el área de prensa del INVU confirmó, en un comunicado de cuatro líneas, que se retiraba el documento, “con la finalidad de poder estudiar el tema a profundidad y de manera inclusiva con los diferentes sectores interesados”.

Calderón informó de que Montero estaba de vacaciones, y que desde la Casa Presidencial se ordenó sacar de consulta el texto.

Además, dijo que no iba a referirse al fondo del documento ni respondería a este diario.

El borrador publicado en el diario oficial La Gaceta, el 7 de mayo, también daba a las municipalidades y al INVU potestad de definir qué tierras son o no aptas para levantar urbanizaciones.

Detalles. Por ejemplo, a partir del artículo 6 y subsiguientes del reglamento en consulta, se hace una clasificación de los suelos y se encarga a las municipalidades trazar un mapa de los distritos del país, según esas indicaciones, en el plazo de un año. Si los ayuntamientos incumplen, la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU trazaría dicho mapa.

El documento retirado señalaba que el principal criterio municipal para definir si un terreno podía recibir o no una urbanización, era si había un crecimiento de población en la zona donde está la propiedad, denunció, a su vez, Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

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Carazo recalcó que, si a un sitio no llegan a vivir más personas o no hay más nacimientos allí, entonces terrenos declarados no urbanizables podrían seguir así indefinidamente.

Así, el propietario de un lote en una zona sin aval municipal para construcción, tampoco podría impulsar obras como centros comerciales, comercios, hoteles o vender el terreno, aseguró.

“Esto no es un trámite para un nuevo reglamento; esto parece más una propuesta para transformar todo el mercado inmobiliario del país y eso tiene serios efectos para las personas, la economía y nuestro sector”, agregó.

De haber prosperado, este punto podría haber violado la Constitución Política en los artículos 169 y 170 sobre autonomía municipal, y los cambios propuestos en la administración y uso de la tierra el artículo 45, que declara inviolable la propiedad privada.

Rechazo. Otras voces sumaron sus dudas sobre los efectos que habría tenido dicha iniciativa.

Para el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, la propuesta habría encarecido la construcción de viviendas y obligaría a muchas personas a salir de sus comunidades hacia zonas urbanas, aun teniendo terrenos para construir, pero declarados no aptos para ello.

“Al restringir la construcción de casas, se limita la posibilidad de las personas a tener techo y también las oportunidades de trabajo”, señaló el diputado.

Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el texto no solo destila “improvisación”, sino que, en el tema de la construcción de condominios, incluye “obstáculos ridículos que se planteaban, como el requisito de abrir sus calles internas como si fueran calles públicas”, dijo Jiménez.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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