El número de tareas asignadas y la cantidad de personal son parte de los argumentos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para justificar el costo de la supervisión que realiza en la construcción de la vía Sifón-La Abundancia.
El Instituto firmó, el año anterior, con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), un contrato para supervisar el proyecto vial por ¢2.131 millones, distribuidos en 21 meses.
Ese acuerdo es ¢931 millones más elevado que la licitación propuesta, en 2014, por el Conavi, para conseguir los servicios de una empresa supervisora.
Este negocio generó un conflicto en los últimos tres meses, ya que la Contraloría General de la República (CGR) ordenó la salida del ICE de este proyecto, ya que en su criterio no tiene la competencia legal para asumir la tarea encomendada.
Rafael Ugalde, ingeniero del ICE, señaló que hay diferencias entre los dos procesos y eso explica la diferencia de precios.
De acuerdo con el funcionario, en el primer intento de contratación, el Consejo no incluyó la supervisión financiera, análisis de riesgos ambientales, control de facturación y exoneraciones, entre otros cosas.
Ugalde agregó que el tiempo transcurrido entre la elaboración del primer contrato y el segundo también influyó.
El monto total se desglosa, según la información aportada por el Instituto, en ¢1.268 millones para la fiscalización técnica y ¢863 millones para la administración de la obra, para un total de ¢2.131 millones.
No obstante, la entidad aseguró que dentro de los ¢863 millones existe una partida de ¢300 millones para imprevistos que no se usará, lo cual abarataría el costo.
Desde el 15 de octubre de 2015, fecha en la que asumió labores, el ICE ha facturado al Consejo ¢524 millones, equivalente al 24% de la suma contratada.
La estimación inicial era que para el mes de mayo, el ente hubiera cobrado ¢757 millones. Sin embargo, el método de trabajo le ha permitido registrar solo ¢524 millones, lo cual representa un ahorro de ¢233 millones.
La planilla de la institución en esta fiscalización es de 35 personas y tiene un costo de ¢54,8 millones por mes. En el primer contrato estaban programados 24 colaboradores.
En el grupo hay ingenieros civiles, topógrafos y técnicos de producción, entre otros.
La Nación solicitó a la oficina de prensa del Conavi el detalle de lo cancelado al ICE, pero al cierre de esta edición no han enviado la información.
Antecedente. Cuatro meses después de que el ICE iniciara trabajos, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Conavi anular el contrato.
El argumento de la Contraloría era que las tareas asignadas estaban fuera de las facultades del Instituto.
La Procuraduría General de la República (PGR) también se había manifestado en esa línea, desde meses atrás.
Ante esta situación, el ICE respondió y logró mantenerse en la obra gracias a una medida cautelar aprobada por el Tribunal Contencioso -Administrativo.
La resolución de la CGR estuvo a punto de provocar la suspensión de la construcción debido que el Conavi no podía continuar sin una supervisora, pero la presión de organizaciones comunales impidieron la paralización.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, ha sido una de las voces más críticas de la relación ICE-Conavi.
El legislador sostiene que el Instituto Costarricense de Electricidad desvió sus competencias para hacerse cargo del contrato millonario.
“Lo que ha hecho el ICE (en la obra) no lo ha hecho nadie, para que otro lo haga habría que contratarlo, tengo una instrucción clara de la Presidencia Ejecutiva que ese proyecto es de interés nacional y hay que terminarlo.
”Entonces, si me contrataron una cosa, pero me piden algo más, lo hacemos porque hay que terminar”, dijo Ugalde.
El país arrastra la construcción de la nueva carretera a San Carlos desde 2003, sin que se logre concluir.
Adicional al tramo entre Sifón y La Abundancia, está pendiente la punta norte que conecta con Ciudad Quesada y la punta sur, que le daría salida a la autopista Bernardo Soto.