El Gobierno le madrugó ayer al grupo opositor de la carretera a San Ramón y anunció, pasadas las 11 a. m., que con el pago de otros $28,5 millones a la empresa brasileña OAS dio por finiquitado el contrato para ampliar esa vía.
Minutos antes de ese hecho, el Foro Nacional –una organización ciudadana–, en conjunto con la Asociación Nacional pro Defensa de los Servicios Públicos, presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar para evitar el pago.
Las autoridades del Gobierno acordaron con la empresa, en el 2013, el desembolso de $35 millones para finiquitar el contrato. El país tenía tiempo hasta mañana para cancelar la totalidad del monto pactado, pues en diciembre hizo un primer giro por $6,5 millones.
Rónald Muñoz, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras de Públicas y Transportes, informó de que el compromiso fue honrado con fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Se acordó que la suma pendiente para la cancelación de ese acuerdo lo asumiera el Conavi con el compromiso del Ministro de Hacienda (Édgar Ayales) de mandar, a finales de este mes, un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa y así reintegrar los montos de los que el Consejo dispuso”, explicó el funcionario.
Ahora los planos y diseños de la obra, así como los terrenos expropiados, pasan a manos del Conavi.
De forma escueta, OAS se dio por satisfecha y anunció que no presentará ningún tipo de reclamo adicional. “El acuerdo conciliatorio entre el Gobierno de Costa Rica y OAS ya fue honrado. OAS da por finiquitado este proceso”, indicó la compañía en un comunicado.
Satisfacción. Sobre la cancelación, Paul Brenes, representante de Foro de Occidente (grupo que se opuso a la concesión de OAS), dijo que le causa cierto alivio haberle puesto fin al contrato, aunque no está de acuerdo con el pago.
“Ayuda en algo (finiquitar el contrato). No creo que fuera necesario cancelar ese dinero porque la carretera es un bien del Estado, pero no deja de ser un alivio que se haya resuelto eso”, manifestó .
Por su parte, el Foro Nacional anunció que sus acciones legales no cesarán, pese al finiquito.
“Esto (el pago) no nos arruga y seguimos con el proceso judicial. Si el juez nos da la razón, podríamos embargar bienes de OAS o la cuenta en la que les depositaron”, comentó Álvaro Sagot, representante de ese movimiento. En abril del 2013 y ante la presión popular, la presidenta Laura Chinchilla decidió buscar un finiquito.