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Comitiva de tres bancos internacionales llegaría al país la otra semana

Financistas de planta Reventazón investigan posible daño ambiental

Actualizado el 11 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

Dueños de finca vecina dicen que ICE extrajo material en zona no permitida

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Financistas de planta Reventazón investigan posible daño ambiental

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Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, financistas de la planta hidroeléctrica Reventazón, llegarían al país el lunes para evaluar una denuncia contra la obra por daño ambiental.

La comitiva incluye personal del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID , instancia que indaga reclamos de daños causados por proyectos financiados por el Banco en casos de posible incumplimiento de sus políticas operativas. También acude personal de la oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman (CAO) del IFC , centrada en las mismas tareas de investigación en las que el reclamo está en evaluación.

La planta hidroeléctrica Reventazón fue construida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en Siquirres, Limón, con un costo de $1.440 millones. Se inauguró el 16 de setiembre anterior.

Vista de uno de dos cuerpos de agua de las Lagunas Lancaster junto al cauce del río Reventazón, en Siquirres de Limón. En el centro de la imagen se ve un boquete en la montaña de donde supuestamente se extrajo material de la ladera, según denuncias de los quejosos. Las lagunas, declaradas humedales en 1994, son hábitat para distintas formas de vida silvestre en la zona y es una nueva ruta de paso de distintas especies en sus ciclos migratorio sobre el Sub-corredor Biológico Barbilla Destierro . | KURT Y ALEXANDRA GRUENINGER PARA LN.

Como parte de su financiamiento, el BID aprobó dos préstamos por $250 millones y $90 millones, respectivamente, mientras que la IFC, brazo financiero del Banco Mundial, otorgó un crédito por la suma de $100 millones.

La denuncia contra la obra del ICE la interpusieron en setiembre Eladio González Solís, representante legal de la empresa Agroecologia Sustentable Rana Verde S. A., y Kurt y Alexandra Grueninger, dueños de las fincas Lancaster, vecinas de la planta hidroeléctrica.

Los denunciantes atribuyen al ICE la supuesta extracción de material para las obras en las propias laderas de las Lagunas Lancaster, localizadas en el risco de una montaña y dentro de propiedad privada, donde, según ellos, no había autorización para trabajos de extracción.

Afirman que de haber sido permitido, por ser las laderas “lugares con alto peligro de deslizamiento”, habría sido necesaria la colocación de pernos, mallas electrosoldadas y concreto lanzado para reforzar la montaña, como indican estudios de impacto ambiental requeridos por el BID y el IFC, citados en la denuncia.

En un comunicado de prensa enviado ayer por la tarde, el ICE rechazó la queja en todos sus alcances, tanto el reclamo por extracción de material como el de haber causado la afectación en el humedal. Previamente, La Nación había enviado una serie de consultas a la entidad sobre el tema, pero no fueron respondidas.

Supuesto riesgo. “Lamentablemente, el ICE estuvo socavando la base del risco donde está el humedal Lagunas Lancaster y puso en peligro de desplome al humedal; como evidencia pericial se elaboró un estudio geológico independiente”, reafirma  la denuncia.

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Ese estudio se contrató al geólogo Allan Astorga. Él afirma que hay riesgo sobre el humedal, porque las obras de extracción minera de materiales, supuestamente, intensificaron un proceso de inestabilidad de la ladera, que ya existía; esta situación pondría “en muy serio peligro” la margen izquierda”.

Otra presunta omisión del ICE es que, según estudios de impacto ambiental citados y que eran parte de los requisitos del financiamiento, también debía retirarse toda la materia vegetal de las márgenes del río Reventazón.

La denuncia afirma que tal acción, aparentemente, no se hizo en unas 250 hectáreas ahora inundadas por el embalse, lo cual propicia la pudrición de esta materia vegetal, liberándose así gases de efecto invernadero.

También se señala que, supuestamente, el ICE faltó a deberes de reforestación. Sostiene que hay una   “significativa divergencia entre los estudios técnicos y las actuaciones del ICE”, ya que, al parecer,  la  entidad solo había entregado árboles para reforestación a comunidades cercanas a la planta, mientras que la previsión del ICE, correspondiente al capítulo 3 del “Plan Maestro para Mitigar los Efectos del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón sobre la Conectividad y Funcionalidad del Subcorredor Barbilla-Destierro”, propone un esquema de reforestación de mucha mayor profundidad.

Adicionalmente, se reclama que, supuestamente, el  embalse es una barrera física para “gran cantidad” de vida silvestre, al situarse la obra en un área donde están las rutas migratorias de felinos y otros mamíferos. Según la denuncia, la represa corta la ruta principal de migración de especies locales y  afecta la conectividad de vida silvestre de Mesoamérica.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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