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Contraloría advierte sobre retraso en obras

Desidia estatal atasca avance del megapuerto de APM en Limón

Actualizado el 18 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Plazo para que el país otorgara facilidades a empresa venció el 6 de marzo

Gobierno aún no ha expropiado terrenos que debe entregar al concesionario

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Desidia estatal atasca avance del megapuerto de APM en Limón

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El plazo para cumplir con las condiciones previstas a fin de que la firma holandesa APM Terminals empezara la construcción de la nueva terminal de contenedores de Moín, Limón, se agotó sin que el Gobierno cumpliera su parte.

De ahí que la Contraloría General de la República calificó de “ínfimo” el avance de los 13 procesos administrativos que debieron haberse cumplido antes de que el periodo caducara, el pasado 6 de marzo.

Este proyecto de concesión es la mayor inversión adjudicada en Costa Rica y su atraso podría encarecerlo. La obra tendrá un costo cercano a los $1.000 millones.

La lista de desaciertos enumerados por la Contraloría es variada: el camino entre Moín y la ruta 32 –que la concesionaria solicitó para llevar su maquinaria al sitio de la construcción– aún no está expropiado, ni siquiera definido.

A esto hay que agregar que la totalidad de las 10 hectáreas de terreno para la construcción del megapuerto no han sido otorgadas.

La firma holandesa todavía no ha obtenido la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). En Limón hubo dos audiencias fallidas (una en noviembre y otra en enero), convocadas para que la comunidad y las organizaciones interesadas opinaran sobre el estudio de impacto ambiental.

Los muelles de Limón movilizan más del 80% de  la  carga que entra y sale del territorio nacional. La foto corresponde a Moín.  |  ARCHIVO
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Los muelles de Limón movilizan más del 80% de la carga que entra y sale del territorio nacional. La foto corresponde a Moín. | ARCHIVO

Tropiezo en estudio. De los 13 puntos necesarios para dar inicio a la construcción, ninguno ha sido cumplido. La razón se debe a que 11 de ellos dependen del estudio de viabilidad ambiental.

Uriel Juárez, secretario general de la Setena, confirmó ayer que todavía no está listo.

De acuerdo con la Contraloría, parte de la responsabilidad por los atrasos recae en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pues tras un año de haber presentado el Plan de Gestión Ambiental, pidió una modificación tan sustancial que debió crearse un nuevo documento, “desperdiciando así recursos humanos, tiempo y materiales”, dice el informe.

Este faltante deja al concesionario sin posibilidad de entregar un sinnúmero de requisitos, como la lista de vehículos, equipos, materiales necesarios para la construcción, la presentación de los planos y diseños ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y los permisos de construcción de las obras, entre otros.

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El ente contralor dijo que tanto los terrenos que tendrán que ser otorgados para la construcción del megapuerto como los que corresponden a los caminos de acceso todavía no son propiedad del Estado, por lo que existe el riesgo de que, aun cuando exista viabilidad ambiental, no pueda iniciarse la construcción de la obra.

La Contraloría criticó la inexistencia de un nombramiento formal de un gerente de proyecto.

“Esta situación evidencia, una vez más, los problemas de planificación detrás de la gestión de la Administración Concedente”, indica el informe contralor.

Aunque se trató de conocer la versión de los directivos del Consejo Nacional de Concesiones, la vocera Esmirna Vega indicó que por ahora analizan el informe.

Por su parte, Rogelio Douglas, gerente de proyecto de APM Terminal, dijo desconocer el documento.

La compañía prometió emplear a más de 800 personas solo en su fase de construcción y, según se proyecta, podría inyectar cerca de $4.000 millones a la economía nacional. Colaboró Diego Bosque.

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