El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) investiga a su director ejecutivo, Mauricio Salom, por un posible tráfico de influencias en favor de una constructora relacionada con una familiar del ministro de Transportes, Carlos Segnini.
La pesquisa se originó luego de recibirse una denuncia presentada el 5 de noviembre ante el Consejo de Administración del Conavi por un ciudadano identificado como Abel Arias Chinchilla.
La denuncia afirma que Salom intercedió por la empresa Montedes, S. A., propiedad de Edwin Castro Rodríguez, esposo de Adriana Mora Segnini, prima del ministro, en un proceso de contratación para el mantenimiento de vías.
La propuesta de la firma de Castro para dicho concurso fue declarada, el 1.º de setiembre, como inadmisible por no presentar las memorias de cálculo. Este requisito debe contener el detalle de cómo se calculó el precio de cada oferta.
No obstante, Mauricio Salom solicitó, el 23 de setiembre, a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y a la Gerencia de Proveeduría Institucional, “analizar” una petición de dicha compañía para no ser excluida del procedimiento.
La orden de Salom consta en el oficio DIE-08-15-2724, del cual La Nación tiene copia.
El denunciante pregunta por qué Salom pidió tomar en cuenta el reclamo de Montedes, S. A.
Según el expediente de la contratación, otras nueve constructoras expusieron la misma protesta que Castro. Sin embargo, no obtuvieron respuesta de parte del jerarca del Conavi.
Salom expresó que solo contestó la nota de Montedes, S. A., porque fue la única enviada directamente a él.
“Hay que entender cómo funciona el sistema (en el Conavi). Si la nota me llega a mí, yo la transmito; si llega a la Proveeduría, ella la valora: así funciona”, dijo Salom.
El funcionario enfatizó que no existen elementos para afirmar que hay un supuesto trato preferente hacia alguna compañía.
“La nota mía lo que dice es: ‘Tome, analice esto’. Si no hiciera eso, más bien, estaría procediendo mal”.
Carlos Segnini, ministro de Transportes, manifestó que no pidió a Salom contestar el escrito presentado por Castro.
Segnini agregó que no sabía de la existencia del oficio enviado por Salom a las gerencias del Consejo, y que tampoco tenía certeza de que Montedes, S. A., participaba por los contratos de conservación vial.
“He de suponer que participan en algunas contrataciones, como es el derecho de cualquier empresa. Debo aclarar que, cuando se han tratado en el Consejo temas asociados con esta empresa, me he inhibido de participar en esas sesiones”, declaró el ministro.
La licitación en disputa se refiere al mantenimiento de carreteras sin uso de maquinaria especializada (chapeo), y tiene una asignación de ¢12.000 millones distribuido en 22 contratos.
Defensa. A su vez, Edwin Castro Rodríguez, dueño de la constructora objetada, rechazó que tenga influencias sobre el ministro de Transportes.
El empresario explicó que, desde mayo, han remitido varias consultas al Conavi para aclarar si era necesario o no aportar las memorias de cálculo en las ofertas que se presentaron el pasado 15 de junio.
Según Edwin Castro, el Consejo respondió que no era obligación aportar ese documento, pero que, luego, para su sorpresa, el Consejo sacó a Montedes, S. A. de la competencia por ese motivo.