"Ese es un acto criminal, es un acto de terrorismo (...) Es un acto de alguien que quiere matar gente, porque en estos mismos puentes pasan todos los días los vagoneteros. La gente que es responsable de este acto criminal no tiene respeto por la vida de los vagoneteros, ni la vida de los niños de la escuela de Moín".
Así reaccionó Paul Gallie, gerente general de APM Terminals en Costa Rica, tras conocer los daños ocasionados los puentes bailey sobre el río Moin en la ruta nacional 257, la cual conecta Sandoval con Moín. Ahí se iniciaron las obras para construir una gran terminal de contenedores, valorada en $1.000 millones.
Ayer, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) comunicó que mantiene cerrada esta vía porque un grupo de personas –aún sin identificar– realizó actos vandálicos en las estructuras. Estos puentes modulares o bailey se instalaron específicamente para la construcción del megapuerto y tuvieron un costo de ¢600 millones.
Este camino es utilizado por la concesionaria para el ingreso diario de cientos de vagonetas con material de relleno para la construcción de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), cuyos primeros movimientos comenzaron en febrero.
Además, el acceso es usado por vehículos particulares y transporte de estudiantes hacia la escuela de Moín.
Pese al ataque, la empresa holandesa APM Terminals continúa los trabajos en la zona, aunque tienen que utilizar otras vías para el traslado de material.
"Esto no nos va a paralizar, seguimos trabajando, este es un proyecto muy importante para el país, la draga sigue dragando, el constructor sigue trabajando y creo que en unos días el Conavi arreglará los puentes", agregó el vocero.
La concesionaria aseguró que tomará nuevas medidas de seguridad para evitar este tipo de actos en el futuro, pero no detalló cuáles serán las acciones.
La Nación intentó conversar con Mauricio Salom, director de Conavi, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
La entidad aún no ha informado cuándo se reabrirá el paso ni el detalle de los daños.
La decisión del Gobierno de impulsar esta megaobra suscitó la oposición de un sector en la provincia, los que han protagonizado protestas.
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