La presencia de centenares de personas que acudieron ayer a pagar el impuesto sobre los bienes inmuebles (mejor conocido como territorial), desbordó las posibilidades de pronta atención por parte de los funcionarios de la Municipalidad de San José.
Además de la gran cantidad de contribuyentes que se acercó -durante el segundo día de cobro- a cumplir con esa obligación, la lentitud en el trámite fue consecuencia de varios problemas en el sistema de cómputo, dijo Wálter Cortés, jefe del departamento catastral.
El pago de ese tributo comenzó no obstante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Unión Nacional de Gobiernos Locales contra el reglamento de la Ley sobre Bienes Inmuebles, presentada desde el 30 de enero ante la Sala IV.
La acción cuestiona que, al darse una prórroga de seis meses para presentar las declaraciones sobre el valor de las propiedades, muchos contribuyentes que cumplieron al entregar los formularios -el año pasado-, tendrán que pagar un monto mayor que quienes tienen tiempo de presentarlas hasta el 19 de junio.
Lentitud al cobrar
El deseo de los josefinos de cancelar el primer trimestre del impuesto territorial tropezó con dificultades en la Municipalidad. A pesar de que se destinaron cinco cajas para tal efecto, muchos tuvieron que esperar horas para poder hacerlo.
"Vine desde las 7:30 de la mañana para pagar el impuesto y esta es la hora -11:35 a.m.- que todavía no hay esperanzas de que me atiendan", dijo -cansada- María de los Angeles Aragón.
Wálter Cortés expresó que, pese a la congestión que se suscitó el martes, los funcionarios están en capacidad de atender a todos los contribuyentes y estimó que "para los próximos días las aglomeraciones bajarán".
La Municipalidad cobra el tributo ya sea con base en el valor declarado en la Dirección General de Tributación Directa o en el apuntado en la declaración jurada que muchos ciudadanos entregaron a finales del año anterior.
De acuerdo con la ley, por cada millón de colones se cobra el 0,60 por ciento (¢6.000) por trimestre. Así es que si el valor declarado de su inmueble es de ¢4 millones, usted tendrá que pagar ¢24.000 trimestrales.
Inconstitucionalidad
En relación con la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esta solicitó que se suspenda la aplicación del reglamento y en especial del transitorio I (que se refiere a la prórroga para presentar la declaración jurada).
Argumentó que los artículos 13 y 15 del reglamento violan la autonomía municipal, al obligar a los concejos a una determinada forma de elaborar las declaraciones y los avalúos de los bienes.
Aunque la Sala IV le dio curso a la acción el 12 de marzo de 1996, no suspendió el acto administrativo; por eso se sigue cobrando el impuesto.
La acción alega que se viola la autonomía municipal porque impide a los ayuntamientos aplicar las leyes que le confieren competencia tributaria.