EscucharDeténgase un momento y escuche: según Allan Saborío Soto y Humberto Pacheco, especialistas en derecho tributario, el nuevo valor de la propiedad que usted declare para el impuesto territorial no empezará a regir hasta 1997.
La explicación es muy sencilla. De acuerdo con Saborío, si las municipalidades pretenden trabajar en 1996 con los nuevos valores declarados por los contribuyentes, estarían fraccionando el año fiscal y esto es inconstitucional.
"El impuesto es anual, con un periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Es ilógico, entonces, que las municipalidades presionen para que se presente la declaración tan rápido si saben que hasta dentro de tres meses no podrán revisar los valores que hayan sido reportados por los ciudadanos. (Este proceso lo realiza Tributación Directa durante los primeros cinco años de vigencia de la ley. Las municipalidades no están legalmente autorizadas a realizarlo.) Tienen que trabajar en 1996 con los que están registrados en Tributación Directa", explicó Saborío.
Así, a partir del 19 de diciembre los ayuntamientos cuentan con tres meses para solicitar a Tributación la revisión y modificación de los valores declarados por los contribuyentes. En los meses siguientes, a usted y a sus vecinos les deben enviar una determinación del valor que tomarán como base del impuesto, sea que este haya sido modificado o no.
Según Saborío, todo este trámite lo tienen que realizar dentro del próximo año fiscal. Mientras tanto, tendrán que efectuar los primeros cobros tomando como base el valor de su propiedad reportado a Tributación. Si las municipalidades hicieran lo contrario, con el fin de ver aumentados sus ingresos, se verían expuestas a una acción de inconstitucionalidad.
Pacheco coincidió con Saborío y agregó un elemento más: "Las municipalidades están completamente locas si van a pretender ponerle valores comerciales a propiedades para efecto tributario. Esto es un atropello total que nos muestra los primeros signos de que no están preparadas para asumir la tarea".
Voz de la Defensoría
Por su parte, el defensor de los Habitantes, Rodrigo Alberto Carazo, sostuvo que "la ley es técnicamente imprecisa, pues tiene a su haber dos modificaciones desde que fue promulgada. Hemos detectado presiones hacia la población para que presente los documentos, cuando ni los mismos funcionarios de las municipalidades pueden aclarar dudas".
Por el momento, la Defensoría hizo una petición a Hacienda para que se elimine el plazo y se sigan recibiendo las solicitudes.
Colaboró en esta información Emilia Mora, redactora de La Nación.
