Al tiempo que la mayoría de los costarricenses apoyan los reclamos de los educadores en materia de pensiones, también censuran la posible aplicación de medidas de presión como el cierre de vías, muelles y hospitales.
La percepción generalizada que tienen los ticos sobre la huelga iniciada el pasado lunes por el Magisterio Nacional tiende a ser bastante favorable, pero también revela ciertos indicios de temor y preocupación.
Esto último se traduce en un fuerte clamor para que el Gobierno reanude negociaciones con los sindicatos.
También hay una amplia coincidencia en torno a la necesidad de que el Poder Ejecutivo haga un alto en el camino en la reforma del Estado e inicie un proceso de consulta antes de definir las siguientes acciones.
Dichas inquietudes quedaron registradas en un sondeo telefónico que la firma Demoscopía S.A. -propiedad del sociólogo José Alberto Rodríguez- realizó el pasado miércoles con 328 personas de todo el país.
Esta consulta se realizó en forma aleatoria entre ciudadanos mayores de edad y se utilizó como instrumento un cuestionario con preguntas, en su mayoría cerradas. Tiene un margen de error del +-5 por ciento.
La encuesta no midió el nivel de apoyo a la huelga de los educadores. Empero, de las 310 personas que dijeron seguir su desarrollo, 51 por ciento (158) calificaron de justos o muy justos los reclamos de estos servidores.
En cambio, solo 19,4 por ciento afirmó que son injustos.
Pero ese nivel de respaldo decae, de manera acentuada, cuando a los consultados se les solicita su opinión sobre las amenazas de los huelguistas de aplicar medidas de presión mucho más severas.
Un 79,9 por ciento (262) afirma que esas acciones serían incorrectas contra 13,7 por ciento (46) que sí las avala.
El grueso de la muestra se inclina por buscar una salida más "a la tica" al conflicto pues 202 personas (65,2 por ciento) piden al Gobierno reanudar contactos con los sindicatos, solo 65 (21 por ciento) proponen no negociar.
Estos resultados son diametralmente opuestos a los que se obtuvo en una consulta que realizó La Nación anteayer, y en la cual la mayoría de encuestados se quejaron por la pérdida de lecciones.
Desconocimiento
Pese al respaldo que reciben los educadores en su lucha, existe un alto grado de desconocimiento entre los costarricenses sobre los objetivos que persigue este grupo y sobre el contenido de la nueva Ley de Pensiones.
Un 14,5 por ciento reconoció que desconoce el propósito de la protesta. Las respuestas más frecuentes fueron: los docentes procuran mejorar su pensión (23,5 por ciento) y quieren defender sus derechos (19,7 por ciento).
Muy pocos -4,2 por ciento- perciben un deseo de luchar contra las medidas del pacto Figueres-Calderón. Este es, en realidad, el motivo de fondo que llevó a 33 sindicatos a dar el grito de huelga el pasado 11 de julio.
Eso sí, el tico no mira con buenos ojos el hecho de que el Gobierno haya aprovechado el hecho de que el Magisterio se retirara de las negociaciones para darle un trámite expedito a esta ley en el Congreso.
Los diputados aprobaron este proyecto hace dos semanas cuando los educadores se encontraban en vacaciones de medio año. Un 43,9 por ciento afirmaron que esa acción es incorrecta y solo 22,9 por ciento le dieron su visto bueno.
Como antídoto, 166 encuestados (50,6 por ciento) señalaron que el Gobierno debe consultar las próximas medidas de reforma del Estado y, otros 50 (15,2 por ciento) propuso detener el proceso para evaluarlo.
Censuran pérdida de clases
La paralización que ha sufrido el ciclo lectivo es uno de los aspectos que más preocupa y censuran los costarricenses de la huelga iniciada, el pasado lunes, por los maestros y profesores del sector público.
Tal inquietud predominó entre las 122 opiniones recopiladas anteayer cuando La Nacion abrió una línea telefónica y un número de fax para que los ciudadanos pudieran emitir su criterio sobre el movimiento de los educadores.
Se recibieron un total de 63 llamadas y 59 faxes. De la muestra, 83 personas (68,03 por ciento) se manifestaron en contra de la huelga, 33 (27,05 por ciento) sí la apoyan y 6 (4,92 por ciento) se mostraron indecisos.
Para María Alexandra Guardia, quien llamó por teléfono desde Escazú, los estudiantes, en especial los de bachillerato, están perdiendo "tiempo valioso". Yalile de Guillén, vecina de Guadalupe, abogó por reponer las clases.
Nidia Rojas, residente de San José, y María Luisa Herrera, de Curridabat, agregaron que "los maestros son unos vagabundos". La segunda opinó que ese grupo tiene muchos privilegios y que el Gobierno debería tomar medidas más drásticas.
Un criterio similar exteriorizó, vía fax, Michelle Mora quien solicitó al Ejecutivo tomar las acciones necesarias "para detener este desastre". Ricardo Villalta indicó que el ciudadano común no puede mantener los privilegios de gremios y cúpulas.
Por otra parte, los defensores de la huelga consideran que esta se justifica dado el perjuicio que ocasionará la nueva Ley de Pensiones del Magisterio por el aumento en las cotizaciones y la reforma al cálculo de la pensión.
Charles Benavage, estadounidense, calificó, por teléfono, de "antidemocrático" el proceso seguido en la Asamblea Legislativa para aprobar esa ley, y afirmó que esta "es un engaño para los educadores".
Para Delia Araya, de Heredia, se debió por empezar a regular las pensiones altas. Vera Hernández, también herediana, dijo que aunque sus hijos pierdan clases, apoya la huelga pues los derechos de los educadores fueron atropellados.
Entre tanto, Seidy Bravo, vecina de Alajuela, dijo que la huelga es "una respuesta a la prepotencia del Gobierno".
Cecilia Vaglio envió un fax para manifestar que si bien el fondo de pensiones está desfinanciado, no debe castigarse a los maestros sino a diputados, ministros, embajadores y altos funcionarios de Gobierno que abusaron del fondo.
Gustavo Soto opinó que las regulaciones deben ser para todos y no solo para los educadores.