La Sala Constitucional exigió ayer al Ministerio de Hacienda cancelar la deuda pendiente con los 2.000 trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral voluntaria. Deberán reconocérseles todos sus derechos y, además, los incentivos ofrecidos.
El fallo aclara la laguna legal existente en torno al pago del compromiso. Los fondos provienen del presupuesto extraordinario -aprobado en segundo debate el 6 de octubre- el cual fue modificado por los diputados quienes establecieron que es el Ministerio de Hacienda el que debe honrar los derechos de los empleados y no la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE).
Sin embargo, existía la duda de si Hacienda posee la facultad de pagar el paquete de promesas del Gobierno para promover el retiro voluntario de funcionarios públicos. El "gancho" de la movilidad consistió en ofrecer, además de los años que le corresponden a cada trabajador por cesantía, ocho más.
Con aquella decisión, los magistrados constitucionalistas resolvieron 12 de los 80 recursos de amparo interpuestos por los exfuncionarios, quienes denunciaron el incumplimiento del Estado de un compromiso adquirido.
Con esta resolución, pierde sentido la presentación de un proyecto de ley para establecer un mecanismo de financiamiento y cumplir todo lo que el Gobierno prometió a los exburócratas. La idea la plantearon esta semana los congresistas socialcristianos Rodolfo Brenes y Rodolfo Méndez.
Anoche, al conocer la noticia en el plenario, Brenes comentó: "Presentamos el proyecto porque pensamos que quienes se habían acogido a la movilidad estaban siendo engañados. Al Gobierno se le olvidó que nunca se puede romper un tope de cesantía por decreto".
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