Las autoridades del ICE, Recope y Japdeva solicitaron a distintos juzgados declarar ilegal la huelga que el bloque sindical Patria Justa realizó este lunes.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hizo la gestión el mismo lunes ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
La entidad alegó que la paralización parcial de labores “pone en riesgo la continuidad y eficiencia de la prestación de los servicios que debe brindar la institución”.
El mismo ICE reportó que solo 1.053 de sus 15.041 empleados se sumaron al movimiento; es decir, el 7% de la planilla.
Las autoridades de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), también pidieron este lunes la declaratoria de ilegalidad en el Juzgado de Limón.
Por su parte, a pesar de que el apoyo al movimiento en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) fue del 85% de sus 1.500 trabajadores, la entidad gestionó el mismo trámite ante los tribunales.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, explicó que la instrucción fue que todas las instituciones que tuvieran personal en huelga debían proceder a hacer la petición de ilegalidad a la brevedad posible.
En caso de que los juzgados la declaren ilegal, las entidades procederán a aplicar distintas sanciones, como rebajo de salarios. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) incluso analizará si rebaja en las facturas de los consumidores el costo que representó la interrupción de servicios por la protesta.
La oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que no tramitaron ninguna solicitud de ilegalidad del movimiento, porque procedieron a rebajar el salario a los 745 funcionarios que se unieron a la protesta; esto es, el 1,3% del personal de la institución.