EscucharEl Poder Ejecutivo trabaja en estos momentos en la elaboración de un proyecto de ley que pretende fijar reglas para una política salarial "más sensata" en el sector público y eliminar así muchos incentivos que no son justificables, explicó el ministro de Planificación, Leonardo Garnier.
Para tal efecto, se están tomando como base varios aspectos de un proyecto que elaboró la administración Calderón Fournier sobre el mismo asunto. En ambos casos, se habla de una nueva ley de empleo público.
Dicha iniciativa debía ser presentada en la Asamblea Legislativa durante este mes, en consonancia con los compromisos de un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, esa fecha regía siempre y cuando la creación de un impuesto del 1 por ciento sobre los activos, el aumento en el gravamen de ventas y los cambios en otros tributos fueran aprobados en la Asamblea en abril, dijo Garnier. Aseveró que no tienen un plazo definido para concluir el proyecto.
El objetivo es crear un marco único para todos los empleados públicos y que el Estado se constituya en empleador único. Así, explicó Garnier, se eliminan las desigualdades que existen entre funcionarios de distintas entidades, lo cual puede desembocar en que desaparezcan algunos incentivos y se generalicen otros.
En su criterio, hay muchos beneficios salariales de ciertos buroacute;cratas que no tienen sentido.
La iniciativa también procurará que el empleo público esté ligado a una buena prestación del servicio; además, se creará un mecanismo de negociación de salarios y otros incentivos.
Transición
Garnier dijo que uno de los asuntos que más han analizado en la elaboración del proyecto es que no se puede romper abruptamente con muchos de los beneficios de que disfrutan los empleados públicos.
Explicó que si bien el salario de una persona no se puede bajar, sí se pueden eliminar muchos de los mecanismos que lo elevan a ese nivel, como son las anualidades.
Aseguró que están respetando lo que consideran aspectos positivos del proyecto elaborado en la administración anterior, sobre todo porque este había sido negociado con los sindicatos del sector público. Sin embargo, dijo que esta nueva versión también la pondrán en conocimiento de las organizaciones gremiales.
De acuerdo con un análisis que elaboró la firma de consultores legislativos Aselex sobre el plan elaborado en la administración Calderón y que se ha estudiado para la nueva versión, no se logró la unificación del régimen laboral público pues se mantienen aún muchas excepciones.
Según Aselex, "es evidente que la idea original perdió fuerza en la negociación con los sindicatos y llegó a ser un proyecto de compromiso tal, que no parece definir nada nuevo o insoslayable." No fue posible conversar con algún funcionario de la administración Calderón que hubiese participado en la elaboración de la consabida iniciativa.
El ministro Garnier explicó que el Poder Ejecutivo no espera, durante su mandato, un impacto en la reducción del gasto gracias a este proyecto. En la elaboración del plan están trabajando también el titular de Trabajo, Farid Ayales, y la segunda vicepresidenta de la República, Rebeca Grynspan.
La vieja versión
El proyecto de ley de empleo público que elaboró el gobierno anterior pretendía:
Fijar disposiciones generales del empleo público (algunos temas que incluye son evaluación de los empleados, reubicación de plazas, jornada, salarios y otras remuneraciones).
Señalar los derechos, deberes y prohibiciones de los burócratas.
Establecer normativas para el régimen general de impugnación judicial del empleo público.
Establecer el sistema de negociación colectiva en el empleo público.
Regular la huelga en los servicios públicos.
Definir reglas para la capacitación de los burócratas.
Contiene 130 artículos y siete disposiciones transitorias.
