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Una brasa en el Congreso

Actualizado el 16 de mayo de 1995 a las 12:01 am

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Dos informes emitidos en junio y julio de 1990, por una misma comisión que investigó el uso y manejo de fondos públicos trasladados a las cooperativas desde 1978 a esa fecha, se convirtieron ahora rápidamente en temas de primer plano en la Asamblea Legislativa.

Los documentos, informes de mayoría y de minoría, no se habían discutido aún en el plenario del Congreso, pese a estar en trámite desde hace tanto tiempo. Según unos, eso ocurrió porque había interés en frenar su conocimiento; según otros, porque hasta ahora le tocó el turno.

Uno de los documentos (informe de mayoría) fue firmado por los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de entonces, Marco Vinicio Carvajal y Carlos Castro, y el representante de Fuerza Democrática, Rodrigo Gutiérrez. Se presentó en junio.

Pero los representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) en aquella comisión, Rodrigo Oreamuno y Marco Antonio González, emitieron un mes después otro informe, con algunas recomendaciones diferentes, que se constituyó en un dictamen de minoría.

El primer documento llega al extremo de solicitar la renuncia de dirigentes de la cúpula cooperativista de aquel momento y que, en su mayoría, se mantienen dentro de instituciones del sector, y de pedir el envío del informe al Ministerio Público, para investigar supuestos desvíos de fondos.

En el segundo caso, los legisladores reconocieron la ausencia de controles contables adecuados y recomendaron mejorar este aspecto. No se refirieron a renuncias ni a la elevación del informe a otras instancias.

En la actualidad, los legisladores del PUSC se dedicaron a defender en el plenario el informe de mayoría en todos sus alcances. Así lo declaró ayer el diputado Alexánder Salas, quien dijo luchar porque los intereses políticos sean erradicados del cooperativismo.

Mientras, el jefe de fracción del PLN, Luis Gerardo Villanueva, defendió al cooperativismo como pilar de la democracia económica, y aseveró que en ningún momento se ha presentado un mal manejo de fondos. Opinó que los ataques obedecen más a diferencias personales con líderes del sector.

Los dos cristales

Al concluir sus labores, la comisión legislativa que investigó el uso y manejo de fondos públicos transferidos a cooperativas, desde 1978, se dividió en dos grupos.

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El siguiente es un resumen de las conclusiones y recomendaciones de cada uno de ellos.

Informe de mayoría

En el capítulo de recomendaciones, solo pide aplicar nuevos controles o afianzar los existentes para dar seguimiento al uso de los fondos públicos traspasados al sector cooperativo".

"... hay evidencia suficiente de que no se toman las medidas eficientes de control contable, financiero, y administrativo internos..." "Uno de los factores fundamentales para que las deficiencias en materia de control, uso y manejo de fondos públicos subsistieran, se encuentra en la gran concentración de poder en manos de pocos dirigentes..." Concluye que los fondos destinados al otorgamiento de préstamos a las cooperativas por parte del Infocoop fueron administrados indebidamente. Estima que el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) manejó los fondos a él asignados, en el periodo en estudio, en forma negligente. Solicita la renuncia a Rodolfo Navas Alvarado, Alvaro Chaves Gómez, Rodrigo Mora Alfaro, Jorge Villalobos Barquero y Ulises Alfaro Portuguez del Conacoop. Pide remitir al Ministerio Público el informe para que actúe "en relación a los casos donde se demuestra la desviación o distracción de fondos públicos".Informe de minoría

"... hay evidencia de que no se toman medidas eficientes de control contable, financiero y administrativo internos..." Estima que la mayoría de los entes y organizaciones no llevan un registro independiente de los recursos públicos recibidos, lo que impide verificar si el uso de esos fondos, según lo indicado en los informes recibidos por la comisión, es el autorizado. Advierte que el Infocoop, en cuanto al control de fondos públicos, debe examinar el manejo de recursos girados por el Estado por su medio, y debe tomar acciones para subsanar los hechos irregulares que se pudieron determinar. Dice que el sistema de elección existente no está regulado, de tal manera que defina el número de cargos y el tiempo máximo que un dirigente puede ocuparlos.

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Marvin Barquero S.

mbarquero@nacion.com

Periodista de Economía

Periodista en la sección de Economía. Realizó sus estudios de Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas de producción y de comercio exterior.

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