La pretensión presidencial de buscar un nuevo acuerdo con la oposición agitó súbitamente las aguas políticas, pero es en el Partido Unidad Social Cristiana donde la marea muestra niveles más elevados.
Ayer el expresidente Rafael Angel Calderón aseguró que avalará la firma de un nuevo compromiso con el Gobierno, pese a la evidente renuencia expresada solo 24 horas atrás por otros altos dirigentes de esa agrupación.
Calderón especificó que cualquier negociación con la oposición deberá realizarse por la vía legislativa, aunque no descartó su participación en el diálogo con autoridades del Poder Ejecutivo.
Mientras eso ocurría en las filas rojiazules, en el oficialismo ya se empiezan a mostrar las primeras cartas sobre la posible propuesta que haría el Poder Ejecutivo a la oposición como agenda de negociación.
El primer vicepresidente, Rodrigo Oreamuno, citó ayer por la tarde futuras leyes como las relacionadas con el ya acordado cierre, fusión y privatización de algunas entidades públicas, reformas electorales y alianzas estratégicas Gobierno-empresa privada como algunos de los puntos que se incluirían como base de discusión.
Oreamuno reconoció que aún quedan varios proyectos pendientes de aprobación del pacto del 12 de junio (ruptura del monopolio de fabricación de licores, transformación del SNE, garantías económicas y ley general de aduanas).
Pero justificó la nueva propuesta al afirmar: "No hay que esperar a llegar al final de la carretera para buscar nuevas vías de circulación."
Criterios opuestos
Aunque en el PUSC ninguno de sus dirigentes admite abiertamente las divergencias sobre la conveniencia de un nuevo acuerdo con el Gobierno, sus declaraciones apuntan en esa dirección.
El excandidato presidencial de ese bando político Miguel Angel Rodríguez aseguró anteayer a La Nación que no creía oportunos nuevos entendimientos del Gobierno con la oposición "porque el país está preocupado por lo que ve como acuerdos en las alturas".
Pero al consultársele a Calderón ayer sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo, no solo la avaló sino que agregó que este debía darse "fundamentalmente entre las agrupaciones mayoritarias", aunque sin dejar de consultar a otros grupos.
Ayer se intentó nuevamente localizar a Rodríguez, pero no fue posible, pese a que se le llamó reiteradamente y se le visitó en su casa de habitación, en Escazú.
Bernal Aragón, jefe de los diputados socialcristianos, dijo compartir la opinión de Calderón sobre un nuevo acuerdo por la vía legislativa. Empero, adelantó que si el Poder Ejecutivo tiene interés en algunos proyectos deberán someterse a consideración de esa bancada individualmente y no como un conjunto de iniciativas.
El presidente de ese grupo político, Abel Pacheco, trató de minimizar las diferencias. Aseguró que respalda un nuevo acuerdo pero con la participación de todas las fuerzas vivas del país y agregó que en su agrupación se respetan las opiniones que tenga cada uno de sus dirigentes.
Colaboró en esta información el periodista Wílliam Méndez
Expresidente
"Seguiré dialogando con Figueres"
Arturo Alvarez Ulate
Redactor de La Nación
Contundente, sin titubeos, el expresidente Rafael Angel Calderón aseguró ayer que, aunque un futuro acuerdo deberá finiquitarse a través de la Asamblea Legislativa, no renunciará a la búsqueda de ese cometido.
Sobre el papel que cumplirá en una futura negociación con el Gobierno y sobre posibles roces en el seno del PUSC, Calderón habló ayer por la tarde con La Nación en su oficina, en el Barrio Francisco Peralta. A continuación un extracto de esa plática.
--El presidente Figueres le propondrá a usted y al excandidato Miguel Angel Rodríguez la firma de un nuevo convenio Gobierno-oposición. ¿Está de acuerdo con ello?
--No he hablado aún con el señor Presidente, pero la impresión que tengo es que quiere que siempre estén abiertos los canales de diálogo entre Gobierno y oposición. En eso coincido plenamente. Los canales están abiertos para el diálogo entre el Gobierno y la fracción del PUSC y también para conversaciones con quienes ostentamos cargos de dirigentes en el PUSC.
--Pero él citó solo a usted y a Rodríguez para próximas conversaciones
--Yo nunca me he negado ni me negaré a hablar sobre los problemas nacionales, pero yo no interpreté sus palabras como un nuevo pacto; entiendo que desea seguir conversando con toda la oposición, como hemos hecho todos los presidentes de este país.
--¿Cuáles deberán ser, entonces, las condiciones particulares de esa negociación?
--Me parece que el diálogo oficial debe ser con la fracción legislativa. Pero eso no quiere decir que el Presidente no pueda hablar con otros dirigentes de la oposición.
--Si se logra un nuevo compromiso Gobierno-oposición, ¿usted estaría dispuesto a suscribirlo?
--Yo apoyaré las decisiones de la fracción parlamentaria. Si ellos llegan a acordar la necesidad de aprobar determinados proyectos, yo daré mis opiniones primero dentro del Partido, y a las resoluciones posteriores les daré todo mi respaldo.
--Si la negociación se entraba en vía legislativa, ¿estaría anuente a servir de canalizador para facilitar un acuerdo?
--Nunca me he negado a hablar y a buscar soluciones a los poblemas nacionales. Pero nos estamos adelantando demasiado. Todavía no se ha concluido la agenda del 12 de junio; primero acabémosla y luego veamos qué es lo que quiere el Presidente.
--En ese posible acuerdo ¿deberían intervenir solo el Gobierno y el PUSC o también los partidos minoritarios y otros sectores de la sociedad civil?
--Siempre he sido del criterio de que las negociaciones políticas se llevan a cabo entre los partidos políticos, y en este caso fundamentalemente entre las dos fracciones mayoritarias. Pero es importantísimo que estos temas sean trasladados a los distintos sectores de la sociedad civil para lograr el apoyo de ellos.
Apuesta oficial
Varias iniciativas revolotean ya en las mentes de los jerarcas del Poder Ejecutivo como posibles planteamientos al PUSC para incluir en una próxima negociación en procura de un nuevo acuerdo. Las siguientes serían algunas de ellas:
Leyes para finiquitar la fusión, cierre y privatización de entidades públicas, acordado en el acuerdo del 12 de junio.
Ley de empleo público.
Profundización de los planes de alianza estratégica entre entidades estatales como el ICE, el INS y el MOPT con empresas privadas.
Proyecto de código de ética para los funcionarios públicos.
Reformas electorales (especialmente la reducción de la deuda política).