Aspectos de redación y algunas diferencias de concepto impidieron ayer que las fracciones del PLN y del PUSC sellaran un acuerdo en torno al proyecto que propone crear un capítulo de garantías económicas en la Constitución Política.
La discusión de tal iniciativa comenzó ayer en el plenario legislativo en medio de fuertes reproches de varios diputados minoritarios, quienes alegaron desconocer el contenido del texto que negocian el oficialismo y la oposición.
Ambas agrupaciones aún no logran ponerse de acuerdo sobre la presentación final del documento, y los pronósticos más negativos indican que su aprobación, en primer debate, podría postergarse para después del receso de fin de año.
El Congreso iniciará este viernes un descanso de aproximadamente un mes por lo que solo quedan dos horas de plenario de la sesión de mañana --de 4 p.m. a 6 p.m.-- para buscar un entendimiento definitivo.
Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció ayer que su grupo no acepta la propuesta socialcristiana de que las empresas públicas deban enviar sus presupuestos a la Asamblea Legislativa.
Consideró que estas organizaciones deben seguir reguladas por la Contraloría General de la República.
El oficialismo rechaza la idea de que el crédito interno no crezca más allá de lo que aumenta la producción nacional y que el crédito al sector público y bancario no crezca más allá que el del sector privado.
Villanueva informó de que su agrupación presentó ayer, en horas de la tarde, una contrapropuesta a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El documento fue distribuido entre las bancadas minoritarias.
El escrito del PLN excluye la parte que le daría al Congreso potestad para tramitar los presupuestos de las empresas públicas, así como del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
También elimina un párrafo que procuraba fijar la inversión social como la prioridad del gasto público.
Los diputados minoritarios Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática; Víctor Hugo Núñez, del Partido Agrario Nacional, y el independiente Rodrigo Gutiérrez se quejaron ayer de que no han tenido suficiente tiempo para revisar el proyecto.
Núñez afirmó que poner excesivos controles presupuestarios le restaría competitividad a las empresas estatales. Además, alegó que el plan reduce las facultades del Congreso de legislar en materia de pensiones y otras áreas importantes.
El socialcristiano Mario Carazo criticó el hecho de que se procure "satanizar" el esfuerzo hecho para lograr un proyecto de consenso. Tampoco descartó la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con el PLN.