San José
La Secretaría Técnica Ambiental suspendió la explotación del tajo Asunción, en Limón. La decisión se tomó al declarar con lugar un recurso de nulidad interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según Setena, la suspensión de la explotación del tajo se realizó para proteger la cuenta del río Banano y así garantizar “la principal fuente futura de abastecimiento de agua para consumo humano".
“Se ha otorgado la prioridad que corresponde al derecho al agua como un derecho fundamental, inherente a la vida y a la dignidad humana, frente a otros intereses”, se lee en un comunicado que emitió la presidencia ejecutiva del AyA este lunes.
La decisión alegró al Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y al diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, quien solicitó a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa abrir una investigación para determinar si la empresa Ecoproyecciones del Nuevo Milenio, concesionaria del tajo Asunción, ha causado daños al medio ambiente.
El secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear, afirmó que la extracción de hasta 30.000 toneladas de roca del cerro Asunción se ha hecho de manera irregular, pues la empresa concesionaria no gozaba de la posesión del terreno.
“Sintrajap visitó el terreno y comprobó que ahí se está destruyendo nacientes, se botan grandes cantidades de árboles y por dicha vemos que hoy la denuncia que hicimos tuvo eco”, indicó.
Según Blear, la oposición de Sintrajap al tajo Asunción no tiene como motivo de fondo obstruir la extracción de rocas que se utilizarían para construir parte de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), proyecto con un valor de $1.100 millones que se concesionó a la empresa holandesa APM Terminals.
Sin embargo, Roger Barboza, representante legal de Ecoproyecciones del Nuevo Milenio (concesionaria del tajo), afirmó que detrás de la anulación de la viabilidad ambiental otorgada por Setena existe “un boicot” contra la construcción de la megaterminal que competirá con los muelles de Moín en la carga y descarga de contenedores.
“Lo que quieren es cansar a los holandeses (de APM Terminals) para que no construyan la megaterminal. Del tajo se extraen bloques de piedra basáltica que se van a echar al mar para la construcción de la megaterminal. Nuestra empresa hizo una inversión grandísima en estudio técnicos sobre ese material”, sostuvo Barboza.
Se intentó obtener una reacción de APM Terminals, no obstante, no fue posible contactar vía telefónica a su gerente, Rogelio Douglas.
Sobre la resolución, el abogado Barboza afirmó que la nulidad de la viabilidad ambiental es extemporánea, pues la empresa Ecoproyecciones ya tiene año y siete meses de estar en la etapa de gestión ambiental, al haber superado con éxito el periodo de evaluación ambiental.
“A nosotros no nos preocupan las investigaciones que se puedan hacer sobre el proyecto, lo que me preocupa es que estemos cayendo en situaciones de arbitrariedad por parte del Estado”, afirmó Barboza, quien anunció que la empresa concesionaria del tajo apelará la resolución de Setena.
“En este caso no se sigue el procedimiento que estipula la Ley General de Administración Pública. (…) Ecoproyecciones tiene los expedientes de siete entidades estatales que ha dicho de forma categórica que todo está apegado a derecho y que no hay afectaciones del recurso hídrico”, sostuvo el jurista.
Barboza cuestionó a la actual presidencia ejecutiva del AyA por oponerse a la explotación del tajo, según él, sin conocer a profundidad la operación de la empresa que representa.