Salarios, pluses y pensiones se comen presupuesto social

Un 62,3% del presupuesto que destina el Gobierno Central para para el sector social (vivienda, educación, protección social y salud) se va en pagar remuneraciones como salarios, pluses y pensiones de una planilla inferior a los 90.000 empleados y pensionados del sector público.

La relación la hizo La Nación con base en el informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR) para el presupuesto 2016, que discuten los diputados y que ya recibió su primer aval en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Después de separar el monto para el pago de remuneraciones, la cifra del gasto social que se destina para asistir a 1.137.881 personas pobres, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se limita a un 37,7% de lo presupuestado.

Pero el problema no se limita al desequilibrio entre el monto para pagar en planillas y el que se dirige a ayudas sociales.

Según la CGR, esa inversión creciente en áreas sensibles como la educación pública y el combate a la pobreza no está incidiendo en un aumento en la calidad de los programas educativos ni en una reducción del porcentaje de pobreza.

Llamada de atención. En su informe técnico, la CGR pidió al Gobierno Central mejorar la calidad del gasto social y poner atención en el destino del dinero dirigido a las arcas del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso de este último despacho, el aumento en su presupuesto para el año entrante se da a raíz del crecimiento en el pago de su planilla y en la transferencia al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se dirige en parte para “garantizar calidad y pertinencia del recurso humano” por medio de salarios.

Partidas. Entre el 2015 y el 2016 el presupuesto social creció un 6,9%. De ¢3,7 billones, para este año, las partidas pasaron a ¢3,9 billones para el 2016; es decir, ¢200.000 millones más.

Esos ¢3,9 billones equivalen a un 13% del producto interno bruto (PIB).

Los rubros más altos dentro del gasto social son la planilla del MEP, que suma ¢1,2 billones, las pensiones con cargo al Presupuesto, que consumen en total ¢848.862 millones, y las tran sferencias corrientes, entre ellas, la del FEES por ¢440.772 millones que, en total, suman casi ¢2,5 billones.

La otra cara de la moneda es la transferencia para Fodesaf.

Esa partida llega a los ¢317.611 millones, menos de un 8% del presupuesto de ¢3,9 billones para el año 2016.

De ese monto salen becas, servicios y subsidios directos para personas en pobreza y en pobreza extrema y, si bien presenta un crecimiento sostenido, la pobreza continúa en niveles similares a los del 2010 .

Según el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, en el 2014 solo un 5,5% de Fodesaf se utilizó para pagar remuneraciones, mientras que el 88,3% se usó para transferencias o servicios a las familias.

Con respecto al 2016, Alvarado espera ver mejoras en el uso de los recursos para reducir la pobreza. Sobre todo, basa sus expectativas en el programa Puente al Desarrollo, que atiende a 54.600 familias en extrema pobreza, y en una directriz que emitió el IMAS en el 2014 con la cual esperan reducir las filtraciones de familias que no necesitan ayudas por pobreza.

Críticas. El exministro de Hacienda, Édgar Ayales, dijo que el país debe encender sus luces de alerta ante el crecimiento del peso de la planilla en el gasto en general y, sobre todo, en el sector social, por su sensibilidad.

Ayales cree que el crecimiento de las pensiones con cargo al Presupuesto es uno de los problemas de más urgente solución para reducir el déficit fiscal.

“Los beneficios que otorgan esos regímenes son excesivos si se compara con el monto de las contribuciones de los pensionados. Es una alcahuetería horrible que el Gobierno pague pensiones calculadas con el 100% del salario; hay que parar locuras como el pago de pensiones por ¢10 millones”, estimó Ayales.

El exjerarca opinó que el Poder Ejecutivo debería ordenar el congelamiento de transferencias como la del FEES hasta que se encuentre una solución a la crisis fiscal.