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Proyecto pretende disipar dudas sobre pena máxima de 50 años de cárcel

Actualizado el 02 de julio de 2015 a las 04:23 pm

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Proyecto pretende disipar dudas sobre pena máxima de 50 años de cárcel

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Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, pretende eliminar las dudas que tiene la Sala IV sobre le ley que establece las penas de cárcel de 50 años.

La propuesta de ley aclara que la pena máxima en el país es de 50 años. Si los diputados están de acuerdo, deben aprobarla con un mínimo de 38 votos.

Una acción de inconstitucionalidad que estudian los magistrados, pone en peligro la legalidad de la norma aprobada en 1994.| ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI
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Una acción de inconstitucionalidad que estudian los magistrados, pone en peligro la legalidad de la norma aprobada en 1994.| ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI

Actualmente, una acción de inconstitucionalidad que estudian los magistrados, pone en peligro la legalidad de la norma aprobada en 1994.

Los magistrados analizan si la reforma al Código Penal aprobada en 1994 se hizo de forma correcta o no.

En aquel momento, la Corte Suprema de Justicia había señalado a los diputados que el aumento en la pena máxima de prisión debía contar con el visto bueno de 38 de los 57 diputados.

Sin embargo, los legisladores de entonces insistieron en aprobar la reforma legal en una Comisión de Potestad Plena, que solo tiene 19 legisladores.

Ahora, 21 años después, la norma está en peligro, lo que en teoría, supone la posible anulación de condenas superiores a 25 años.

En este sentido, Vargas dijo que hay temor de que, si se anula la Sala, unos 1.000 reos que ya descontaron más de 25 años de prisión, exijan la libertad.

"Más de 1.000 privados de libertad condenados a más de 25 años podrían quedar libres una vez que cumplan 25 años en prisión, además si una persona se le condena por cuatro asesinatos, solo pagaría por uno de los asesinatos", afirmó Vargas.

Además, Vargas advirtió que mientras los magistrados analizan la acción de inconstitucionalidad, se paralizaron todos los juicios que podrían terminar en castigos superiores a los 25 años.

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