EscucharEl ministro de Ambiente, René Castro, le bajó ayer el tono al arbitraje entre el Estado y la empresa minera canadiense Industrias Infinito por una concesión en Crucitas de Cutris de San Carlos.
“Esto no es complicado, es un proceso más bien expedito, amistoso y acordado entre dos países amigos como lo son Canadá y Costa Rica”, dijo el titular de Ambiente.
Industrias Infinito presentó una demanda contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos.
Industrias Infinito reclama $94 millones (¢49.000 millones) como compensación por la inversión que hizo en Crucitas, desde el 2003, más intereses y costas.
En el 2010, luego de un juicio, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera por vicios en los permisos autorizados por el Estado al proyecto.
País reclama. Lejos de estar anuente a pagar, Castro reclamó que la transnacional debe cancelar a Costa Rica entre $3,5 y $5 millones por los daños ambientales que ocasionó en Cutris.
“Tenemos confianza plena en que el proyecto Crucitas no cumplió con todos los requisitos. No hubo una concesión minera de pleno derecho y, por lo tanto, el monto a pagar por nosotros debería ser mínimo o nulo”, manifestó Castro.
El jerarca expresó a La Nación que la principal prueba contra Infinito es que se entregó un estudio de impacto ambiental insuficiente.
Yokebec Soto, vocera de Infinito, rechazó lo “amistoso” del mecanismo al que recurrieron.
“Me parece que don René, por estar dedicado a otra materia, ha confundido el proceso de arbitraje con la ejecución de sentencia del juicio del 2010. A nuestro ver, el arbitraje es una oportunidad para discutir si el país violó el TLC; la falta de seguridad jurídica y el trato de nación más favorecida”, dijo Soto.
Para ejercer una defensa ante la acusación de la minera, el Estado contratará a una firma extranjera.
Además, el Gobierno prepara a una docena de funcionarios del Ministerio de Ambiente (Minae) y a expertos y abogados.
El presupuesto del Minae para manejar esta y otras demandas en su contra es de $2 millones (unos ¢1.000 millones), cada año.
Soto, vocera de Infinito, recordó que la discusión técnica sobre Crucitas quedó cerrada.
“En el juicio contencioso el Estado resultó perdedor, al igual que nosotros. Ahora les va a ser difícil defender que no entregaron los permisos como debían (...) Estos son problemas de seguridad jurídica que tiene Costa Rica, que no tienen nada que ver con el desempeño de Infinito”, manifestó la representante de la firma canadiense.
