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Polémica sustitución

Gobierno saca de golpe a directivos de Judesur

Actualizado el 09 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Gobierno saca de golpe a directivos de Judesur

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Cuatro directivos de la Junta de Desarrollo Económico de la Zona Sur (Judesur) estaban reunidos, a las 2 p. m., en el local #52 del Depósito Libre de Golfito cuando llegaron, de repente, unas personas con un recado importante: el Gobierno decidió apartarlos de la cúpula de la institución desde hoy mismo y nombrar a los sustitutos.

Esos relevos eran quienes llevaban el recado, dirigidos Manuel Herrera Mutis, un exdirectivo de Judesur, institución a la que el gobierno de Luis Guillermo Solís decidió intervenir por presuntos casos de corrupción e ineficiencia para ejecutar proyectos en cinco cantones del sur (Golfito, Buenos Aires, Coto Brus, Osa y Corredores).

La decisión fue considerada “ilegal” por los directivos de Judesur y por diputados de esa región opositores, pues señalan que el Gobierno está violando la autonomía municipal y la ley de esa institución, ya que los directivos son en mayoría nombrados por los ayuntamientos y no pueden ser removidos por la Presidencia.

Por eso, Jorge Jiménez, presidente de Judesur hasta ayer, anunció que presentarán recursos de amparo y otras medidas legales. “Eso que hicieron es descabellado, inconstitucional, ilegal y va contra todas las reglas habidas y por haber”, contestó.

Esa posición la apoyan los diputados puntarenenses Gerardo Vargas (socialcristiano) y Olivier Jiménez, liberacionista, quienes denunciaron en el plenario lo que creen un atropello del Ejecutivo.

El Gobierno había nombrado en agosto una interventora que no sustituía a los directivos, por lo que más bien era una junta investigadora. Tenía plazo de seis meses, pero esta semana cambiaron de opinión en Zapote y decidieron ser más drásticos.

“Ha habido poca colaboración de los directivos y de los funcionarios. Era necesario tomar el control”, justificó el director jurídico de la Presidencia de la República, Marvin Carvajal.

El Gobierno argumenta que pretende poner en orden la institución, cuyo impacto social en la zona sur ha sido escaso, gestionada con desorden , posibles ilegalidades y que tiene ociosos ¢17.000 millones, a pesar de las necesidades de la región más rezagada del país.

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