El Gobierno dio el visto bueno a la construcción de 15 torres que alojarían a 285 familias pobres de Alajuelita, San José, en un terreno sobre el cual existen dudas técnicas.
La obra se levantaría en la finca Boschini, cuya compra por ¢512 millones fue cuestionada en un informe hecho por los diputados del anterior Congreso, debido a un supuesto sobreprecio, así como por condiciones del terreno.
Sin embargo, estos temores aún persisten.
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), dijo que “existen dudas técnicas que hay que investigar”.
“He manifestado la importancia de realizar estudios técnicos que garanticen la seguridad de las familias. La estabilización del talud debe hacerse. Esto ya es una inversión grande y afecta el costo final de la vivienda”, expresó Montero.
La funcionaria añadió que hay tres criterios que claramente identifican como inestable la orilla del río. Uno de estos estudios fue elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en el 2012.
No obstante, el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, dijo que la CNE consideró que el área es apta para construir.
Para realizar la estabilización del talud, es necesario que en el Congreso se apruebe una partida de ¢400 millones.
“El proyecto no está completamente definido, pero la voluntad existe. Falta completar el diseño y hacer el presupuesto, buscar financiamiento, aprobarlo en el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)”, dijo Pujol.
Además, se requiere revisar que los beneficiarios sean de la zona y luego se iniciarían las obras, cuyo comienzo estaría programado para el próximo año.
El ministro aseguró que en esa finca sí se puede construir, aunque solo en la mitad del terreno. En la otra mitad, se planea hacer un parque recreativo para el disfrute de todos los vecinos del cantón de Alajuelita.
El presidente Luis Guillermo Solís declaró, por su parte, que conoce el informe de las supuestas fallas del lote, pero muchas de estas se han ido subsanando.
“Otras dudas, como en el tema del talud, permanecen en el sentido de que hasta que no se estabilice el terreno, el riesgo sigue siendo manifiesto”, dijo Solís.
Requisitos. Detrás de este proyecto está la Comisión de Vivienda y Lucha contra la Pobreza en Alajuelita (Colupoa).
Su representante, Víctor Rojas, dijo que el proyecto, cuyo costo rondaría los ¢6.000 millones, reúne todos los requisitos y que solo falta la voluntad del INVU para firmar la declaratoria de interés social, que les permitiría presentarlo ante el Banhvi.
“Si ella no le da el visto bueno, no hay proyecto”, dijo Rojas.
Sin embargo, Sonia Montero aclaró que aún los requisitos no están completos.
Mientras tanto, ayer los alajueliteños celebraron con aplausos, tamales y gallo pinto la visita del mandatario Solís a la finca, donde les prometió acelerar el paso para construir estas casas.