Las urgentes transformaciones legales necesarias para modernizar el funcionamiento del aeropuerto Juan Santamaría, pueden lograrse por la vía del decreto ejecutivo.
Así lo revela un diagnóstico jurídico del marco legal que rige el funcionamiento de la terminal aérea, elaborado por la firma Castro & Truque, Asesores Legales, por encargo de UNIMER.
El análisis concluye que el Gobierno está facultado para crear por decreto una autoridad única aeroportuaria, que permita a las líneas aéreas efectuar los trámites migratorios para la salida de pasajeros y para delimitar el mecanismo para realizar un cobro unificado de los impuestos respectivos.
Estas tres reformas se consideran urgentes para agilizar el desempeño de Juan Santamaría, según un estudio realizado por UNIMER entre el 13 de julio y el 31 de agosto.
En él se cuestiona la falta de una autoridad con rango suficiente para coordinar a todas las dependencias que operan en la terminal. También se señala la necesidad de unificar los trámites de salida que deben realizar los pasajeros, puesto que en la actualidad son excesivos. La llave legal
Los especialistas y Eduardo Méndez, de la firma Castro & Truque, afirman en su estudio que en lo referente a la autoridad aeroportuaria, el Ejecutivo podrá establecerla por la vía del decreto, "de conformidad con la Constitución Política y la Ley General de Aviación Civil".
La Carta Magna faculta al Gobierno para realizar la recaudación unificada del impuesto de uso de la terminal aérea y demás derechos de salida.
Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería, haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley 7033 del 8 de abril de 1986 y su Reglamento, puede autorizar a las líneas aéreas a efectuar los trámites migratorios para la salida de los pasajeros.
Finalmente, los expertos determinaron que el mismo Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco de Costa Rica, pueden establecer un mecanismo para el funcionamiento del Entero de Pago Unificado, a fin de que su emisión y cancelación se hagan al mismo tiempo. Igualmente, se encuentran facultados para autorizar las dependencias donde deberá operar el sistema de emisión y cobro.