Con el argumento de que el Presidente de la República debe tener allanado el camino para concretar los acuerdos con el Partido Unidad Social Cristiana, el ministro de Justicia, Enrique Castillo Barrantes, anunció ayer, en conferencia de prensa, su dimisión al cargo."Nadie me pidió que renunciara; es una decisión personal y espontánea de mi parte", enfatizó Castillo cuando los periodistas le preguntaron si hubo presiones que influyeron en su dimisión.
De seguido, añadió: "Es conveniente que el Presidente tenga todo el margen de acción posible, en aras de contribuir a ese proceso de reforma del Estado."
Cuando fue consultado sobre la renuncia de Castillo, el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, afirmó ayer por la tarde que el mandatario José María Figueres aún no había tomado una decisión al respecto, aunque reconoció que en caso de aceptarse su renuncia, la ministra de Gobernación, Maureen Clarke, eventualmente asumirá esa cartera.
Clarke deberá dejar su puesto en los próximos días tras la fusión de los ministerios de Seguridad y Gobernación anunciada la semana pasada en el pacto entre Figueres y Calderón.
Oreamuno declinó informar si a Castillo se le ofrecerá algún cargo diplómatico como se ha asegurado extraoficialmente e igualmente desmintió --de manera tajante-- que el actual embajador costarricense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Danilo Jiménez Veiga, regresará al país para asumir el Ministerio de la Presidencia, como también se ha dicho.
La dimisión
El ministro Castillo aclaró que del pacto entre Figueres y Calderón no se ha derivado ningún cambio en el Ministerio de Justicia que incidiera en su dimisión. "Simplemente me anticipé para poner a disposición del Presidente mi cargo para que no sienta limitación y pueda disponer libremente del puesto si lo estima necesario", añadió.
Explicó que, el domingo por la noche, entregó la carta de dimisión personalmente a Figueres y que el mandatario la recibió con sorpresa. Aclaró que su renuncia no es irrevocable y que, si el Presidente se lo pide, estará anuente a retornar al cargo.
Castillo manifestó que por ahora regresará a sus actividades profesionales en su bufete, pero que estará disponible si el gobernante le pide ocupar algún nuevo cargo.
Sobre versiones que refieren la posibilidad de que él ocupe un cargo diplomático fuera del país en los próximos días, respondió que son especulaciones que no ha tomado en serio, ni contituyeron presión para su renuncia.
Sin embargo, expresó que si eventualmente recibiera alguna petición en ese sentido, estaría dispuesto a considerarla, dependiendo de las circunstancias y condiciones que la propuesta implique.
Acerca de quién será su sucesor, Castillo dijo no estar enterado. Añadió que mientras se designa al nuevo ministro, la cartera de Justicia estará en manos de la viceministra Mónica Blanco.
LAS BAJAS
El siguiente es un recuento de las principales dimisiones de altos jerarcas de la administración Figueres, desde su asunción al poder en mayo de 1994:
12 de agosto de 1994: Renuncia el ministro sin cartera y asesor presidencial en Asuntos Económicos, Calixto Chaves, poco después de que se hiciera pública su morosidad en un crédito con el Banco Anglo Costarricense por $6 millones.
27 de octubre: Luis Diego Escalante, asesor en negociaciones comerciales y encargado de la política cafetera, abandona su cargo tras alegar problemas personales.
7 de marzo de 1995: Renuncian el presidente ejecutivo del Banco Central, Carlos Manuel Castillo; el ministro de la Presidencia, Elías Soley, y el coordinador del Area de Desarrollo Sostenible, Carlos Espinach, a solicitud del presidente Figueres y luego de un prolongado enfrentamiento en el equipo de Gobierno.
12 de junio: Se anuncia la fusión de los ministerios de Seguridad y de Gobernación, y de Economía y de Ciencia y Tecnología, sin que se aclare la posición que ocuparían los ministros Maureen Clarke y Roberto Dobles tras el cambio.
19 de junio: El ministro de Justicia, Enrique Castillo, comunica su renuncia tras alegar que quiere dejar al presidente Figueres todo el margen de acción posible en el proceso de reforma del Estado.