EscucharEl jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Bernal Aragón, pidió ayer al Ministerio Público profundizar la investigación sobre la denuncia de una supuesta violación a la privacidad telefónica de políticos, empresarios y periodistas, que habrían efectuado miembros de la Seguridad del Estado.
El jefe de la bancada de oposición se presentó ayer, a las 3 p.m., a las oficinas de la Fiscalía General para plantear una denuncia sobre esta materia. Desde ayer el Ministerio Público designó un fiscal especial para iniciar las indagaciones, cuyo nombre prefirieron mantener en reserva.
Para Aragón la denuncia sobre la existencia de "un organisno institucionalizado dentro del Estado para recopilar, clasificar información --a través del espionaje telefónico-- y tenerla disponible para los funcionarios del Poder Ejecutivo", debe ser materia de acción del Ministerio Público.
Esta sería la segunda medida que sobre el caso de las supuestas intervenciones telefónicas estaría tomando la bancada de oposición. El pasado miércoles plantearon ante el Plenario Legislativo la creación de un grupo indagador parlamentario que conociera la denuncia hecha por el periodista Juan Carlos Flores, el pasado 20 de junio, en su programa Vistazo a la prensa, que se transmite por radio Monumental.
Según el comunicador, existiría un comando de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que monitorea conversaciones privadas desde la central telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El periodista Flores se mostró confiado --ayer al ser consultado por vía telefónica-- en que el Congreso haga una investigación y no descartó que en anteriores Gobiernos las intervenciones se hubieran dado también.
Dijo que las pruebas de sus afirmaciones las daría ante una comisión legislativa o ante el Ministerio Público.
Flores comentó que en la edición de ayer del periodico Excelsior, de México, aparece una publicación, firmada por el reportero José Meléndez, sobre el tema. En el artículo, se hace alusión a una investigación realizada por ellos sobre intervenciones telefónicas en Costa Rica y que coincidiría con las afirmaciones del costarricense.
Tras la presentación de la petición al Ministerio Público, el jefe de fracción socialcristiana se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes. A este se le solicitó aclarar si se le concedió una autorización a la DIS o a algún otro organismo o dependencia del Poder Ejecutivo para poder injerirse en las comunicaciones privadas.
Esto, por cuando el artículo 15 de la "Ley de secuestro, registro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones" establece que es competencia del Poder Judicial el nombramiento de personal especializado que pueda llevar a cabo la indagación telefónica y establecer las operaciones que se efectúen en esto.
